Un caso de presunta utilización irregular de documentación oficial derivó en una investigación interna dentro de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y en la intervención de la Fiscalía de Estado provincial. El hecho salió a la luz luego de que un agrimensor de Ushuaia presentara en un juicio de usucapión un plano de mensura confeccionado con datos catastrales del Estado, supuestamente obtenidos a través de personal del organismo.

Según el dictamen N°14/25, firmado el 29 de octubre por el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, la denuncia advertía que el profesional habría utilizado un archivo digital en formato DWG, perteneciente a la Dirección de Catastro, para sustentar su reclamo sobre tierras provinciales. Ese archivo habría sido elaborado originalmente por un técnico de la AREF como parte de una tarea oficial.

El dictamen también hace referencia a una denuncia penal previa, radicada en abril ante el Ministerio Público Fiscal y remitida al Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, donde se imputaba al agrimensor por la presunta apropiación y uso de información pública. Sin embargo, el juez interviniente rechazó la causa penal, al considerar que los hechos no encuadraban dentro de un tipo delictivo.

Conocida la situación, Martínez de Sucre solicitó a la AREF que culmine el sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades y disponga, si corresponde, las sanciones disciplinarias. Además, recomendó reforzar la protección de los datos catastrales mediante un Protocolo de Seguridad Informática y de Gestión de la Información, que contemple normas de confidencialidad, trazabilidad y control de accesos.

El fiscal subrayó la necesidad de adoptar medidas preventivas que abarquen aspectos normativos, técnicos y organizativos, como la clasificación de la información según niveles de sensibilidad, el registro de accesos, el uso de sistemas de cifrado y la restricción del copiado o transferencia de archivos sin autorización.

“Es indispensable garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos que administra el Estado. La gestión responsable de la información no solo previene filtraciones, sino que también fortalece la confianza institucional”, concluyó Martínez de Sucre en su dictamen.