La Fiscalía de Estado puso fin a una controversia institucional al rechazar la denuncia presentada por Rubén Rafael sobre presuntas irregularidades en la rendición de fondos del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP).

El pronunciamiento, expresado en el Dictamen N.º 11/25 y la Resolución N.º 71/25, emitidos a fines de septiembre, fue categórico: “no hubo inconductas administrativas, ni gastos injustificados, ni perjuicio económico para el Estado provincial”.

La acusación señalaba consumos en restaurantes, hoteles y comercios locales como supuestas maniobras indebidas. Sin embargo, la Fiscalía verificó que cada gasto estaba respaldado con comprobantes, incorporado a expedientes regulares y vinculado a misiones oficiales o reuniones de trabajo. En esa línea, se aclaró que la documentación fue presentada en tiempo y forma, con las autorizaciones correspondientes, lo que descarta cualquier uso personal o privado.

El dictamen también recordó que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Superior Tribunal de Justicia de la provincia han establecido con claridad que solo son reconocibles los gastos efectuados en el marco de la normativa vigente y en cumplimiento de funciones efectivas. En este caso, se constató que los procedimientos administrativos fueron respetados de manera íntegra.

Más aún, la Fiscalía cuestionó la intencionalidad de la denuncia, a la que calificó como “malintencionada y carente de rigor periodístico”, al basarse en interpretaciones parciales de comprobantes válidos. Según el organismo, la presentación no solo pretendió instalar sospechas infundadas, sino también afectar la credibilidad del TCP.

Finalmente, la Resolución N.º 71/25 resolvió rechazar las pretensiones de Rafael y archivar las actuaciones, subrayando que lejos de existir perjuicio alguno, la investigación reafirmó la transparencia de los procesos de rendición del Tribunal de Cuentas.

Con este fallo, la Fiscalía de Estado envió un mensaje claro: es fundamental distinguir entre las denuncias serias, con sustento jurídico, y aquellas que buscan generar confusión política. Además, reforzó la confianza en los mecanismos de control al remarcar que cada gasto fue auditado y validado dentro del marco normativo vigente.