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La UNTDF rechazó la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió un nuevo ajuste al sistema público

A pocas horas del tratamiento de una reforma laboral que calificó como regresiva, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) expresó su rechazo al proyecto del Ejecutivo nacional que busca modificar la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N.° 27.795), una norma que ya fue aprobada por ambas cámaras y que continúa vigente, aunque todavía sin cumplimiento efectivo.

Desde la casa de estudios fueguina alertaron que la iniciativa introduce cambios que debilitan el sostenimiento del sistema universitario público y afectan de manera directa las condiciones laborales de docentes y nodocentes, además de poner en riesgo el derecho de las y los estudiantes —presentes y futuros— al acceso a una educación superior de calidad y con previsibilidad.

Entre los principales puntos cuestionados, la UNTDF advirtió que el proyecto:

  • Reemplaza la actualización salarial mensual ligada a la inflación por incrementos fijos y escalonados calculados sobre los básicos de diciembre de 2025, lo que implica una pérdida de capacidad de recuperación frente al aumento del costo de vida.
  • Condiciona la actualización de los gastos de funcionamiento a un umbral inflacionario, reduciendo la recomposición automática y trasladando a las universidades una incertidumbre presupuestaria incompatible con la planificación académica, científica y administrativa.
  • Recorta el alcance de las actividades contempladas por la ley original, dejando afuera componentes estratégicos como los servicios de informática y comunicaciones, con impacto directo en la capacidad operativa, tecnológica y de gestión.
  • No garantiza mecanismos previstos en el marco vigente para una recomposición integral, incluyendo criterios sobre retroactividad y tratamiento de sumas no remunerativas.
Ante este escenario, la universidad solicitó a los poderes del Estado que garanticen el cumplimiento pleno de la ley actual y remarcó que cualquier debate sobre financiamiento universitario debe darse con transparencia, con participación del sistema universitario y con el objetivo de fortalecer —y no restringir— el funcionamiento de las universidades nacionales.

Finalmente, subrayaron que la defensa de la universidad pública es una responsabilidad colectiva, ya que implica sostener el derecho a la educación superior, la producción de conocimiento y la capacidad de desarrollo del país y, particularmente, de Tierra del Fuego.

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