El debate ambiental volvió al centro de la escena fueguina ante la posibilidad de que la Legislatura provincial avance con la modificación de la Ley 1.355, que prohíbe la salmonicultura en aguas de Tierra del Fuego. Desde la Fundación Manekenk y otras organizaciones ambientalistas denunciaron que el Gobierno impulsa cambios “a espaldas de la comunidad” y con “serias irregularidades” en la gestión de proyectos acuícolas.

Nancy Fernández, integrante de la Fundación Manekenk, explicó que la preocupación se reactivó tras detectar inconsistencias en el proyecto que la empresa New San Food desarrolla en el Canal Beagle. “Lo que comenzó como un experimento de cuatro hectáreas en 2020, hoy pretende producir 1.200 toneladas de mejillones sobre más de veinte hectáreas”, señaló.

Según Fernández, la empresa no cuenta con evaluación de impacto ambiental, un requisito obligatorio según las normas vigentes desde 1995. “La autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Pesca, omitió exigir ese estudio y otorgó las autorizaciones sin licitación pública, como establece la ley. Son normas de casi treinta años que no se están cumpliendo”, remarcó.

El punto más grave, advirtió, fue que el Ministerio de Producción declaró secreto el expediente del proyecto. “Hasta hace un mes se podía acceder, pero de repente fue declarado reservado sin encuadrar en ninguna de las causales legales. Si las cosas se hacen bien, no hay necesidad de ocultarlas”, cuestionó.

Para las organizaciones, el caso evidencia “la falta de capacidad operativa” del Estado para controlar los emprendimientos y garantizar la transparencia. “La Secretaría de Pesca dice que puede regular la actividad y cuidar la sustentabilidad, pero la realidad demuestra que no está en condiciones de hacerlo. Lo único que hace es entregar recursos de forma arbitraria”, expresó la referente ambiental.

Fernández recordó que la única otra vez que se declaró secreto un expediente ambiental en la provincia fue durante el conflicto por el corredor del Beagle, lo que derivó en un fallo judicial favorable a las organizaciones. “No descartamos volver a la Justicia. Esta semana presentamos un amparo por mora contra la Legislatura, que aún no entregó las actas de comisión donde se firmó el despacho para avanzar con la modificación de la ley”, anticipó.

La ambientalista también señaló un cambio en la política del Ejecutivo: “Este no era el estilo de gestión del actual gobernador. Antes había apertura, diálogo. Ahora se impulsan decisiones graves entre pocos y sin información pública”.

El reclamo se enmarca en un contexto de creciente preocupación por los impactos ambientales de las actividades productivas. “Acá los turistas vienen a ver el bosque, las montañas, el canal Beagle. Es nuestro patrimonio natural, no podemos ponerlo en riesgo por proyectos que avanzan sin control”, afirmó Fernández.

Finalmente, desde Manekenk invitaron a la comunidad a participar del Festival de Cine Ambiental, que se realizará del 13 al 16 de noviembre a las 19 horas, como un espacio para reflexionar sobre la relación entre producción y ambiente.