El integrante del Colegio de Martilleros, Tasadores y Corredores de Tierra del Fuego, Sergio Arroquy, trazó un balance del año inmobiliario y destacó que el 2025 cierra con dos realidades bien distintas: una compraventa que se frenó desde agosto y un mercado de alquileres con fuerte oferta y valores estabilizados.

Arroquy explicó que la primera mitad del año había mostrado un nivel de actividad “excelente”, especialmente en ventas, pero que el escenario cambió cuando comenzaron a moverse variables políticas y económicas en la previa electoral. “El gobierno mostró cierta debilidad política y eso hizo que se muevan variables clave, como la paridad cambiaria. Previo a las elecciones se frenó el mercado”, señaló.

El impacto fue inmediato. La incertidumbre generada tras el resultado en la provincia de Buenos Aires produjo un “congelamiento total”, sumado a una modificación del scoring bancario que terminó dejando fuera a numerosos solicitantes de créditos hipotecarios. “Los interesados siguen estando; el problema hoy es la aprobación. Eso retrajo la demanda y obliga a un reacomodamiento entre oferta y demanda”, expresó. Según sostuvo, se espera que en el corto plazo los bancos deban flexibilizar nuevamente los requisitos para dinamizar la actividad.

En cuanto a los alquileres, Arroquy remarcó que la derogación de la Ley 27.551 “terminó confirmando lo que se venía anticipando”: el mercado se reactivó, creció la oferta y aparecieron nuevos precios de equilibrio. El sinceramiento del turismo tras la eliminación del programa Previaje también tuvo impacto. “Hay muchísima propiedad disponible. Los alquileres no sólo dejaron de subir, sino que hace meses que están estables y ni siquiera acompañan la inflación”, afirmó.

En Ushuaia, los contratos mantienen un estándar de dos años con actualización semestral por IPC. “Algunos piden actualizaciones cada cuatro meses, pero no tiene sentido con una inflación del 1 o 2 por ciento y en baja”, agregó.

Arroquy también volvió a marcar preocupación por la presencia de intermediarios no habilitados, un fenómeno que creció junto a la expansión del mercado. Indicó que la justicia ya avanza con múltiples causas penales y que continúan sumándose denuncias. “Muchos creían que acá no pasaba nada, y ahora van a ver que sí pasa. Hay particulares y también casos vinculados a firmas. Incluso hay martilleros que prestan su matrícula, algo totalmente ilegal”, advirtió. Recordó que la matrícula profesional es personal e intransferible, y que su uso indebido configura ejercicio ilegal de la profesión tanto para quien la presta como para quien la utiliza.

Entre los desafíos pendientes, Arroquy mencionó la implementación de hipotecas divisibles, una herramienta que permitiría facilitar las ventas de pozo. La idea es que una hipoteca general sobre un terreno pueda fraccionarse en cuotas partes responsables para cada comprador durante el desarrollo, habilitando créditos hipotecarios a largo plazo dentro del mismo proceso constructivo. El esquema aún no está operativo por cuestiones registrales, pero el sector busca avanzar en su aplicación.

Mientras tanto, el cierre del año deja un escenario mixto: ventas retraídas por la volatilidad financiera, alquileres estabilizados por la sobreoferta y un sistema profesional que intenta ordenar su funcionamiento en medio de causas judiciales y debates normativos. El 2026 exigirá —según anticipa Arroquy— estabilidad económica y reglas claras para recuperar el dinamismo perdido en la segunda mitad del año.