Un grupo de padres de la Escuela N°32 de Tierra del Fuego decidió recurrir a la justicia provincial para hacer valer el derecho constitucional a la educación, afectado por paros, desobligaciones docentes y medidas gremiales que interrumpen el dictado regular de clases. La presentación, realizada a través del abogado Dr. Francisco Giménez, busca que se garanticen las clases mientras se tramita el proceso y se encuentra en una etapa clave: la notificación de los sindicatos estatales y del gobierno provincial para que presenten su descargo.

“El juez entendió que debíamos notificar a ATE y SUTEF, además del gobierno provincial, aunque nosotros considerábamos que solo el Estado es responsable de garantizar la educación. Se trata de un procedimiento más, pero ya está en trámite la notificación para que cada parte presente su descargo con sus letrados”, explicó Giménez en Aire Libre Fm.

El amparo solicita, además, que se dicte una medida cautelar para que el gobierno provincial garantice las clases mientras se resuelve el proceso. Giménez subrayó que existen antecedentes en otras provincias, como Santa Cruz, donde tribunales obligaron a sentar a las tres partes —gobierno, gremios y padres— a discutir un plan de acción. “Si no se encuentra una solución inmediata, el juez puede imponer sanciones a los funcionarios responsables, tal como lo establece la jurisprudencia”, indicó.

El abogado alertó sobre la magnitud del problema: “Estamos ante una generación que ya viene afectada por la pandemia. Muchos chicos que estuvieron en primer grado en 2020 hoy cursan quinto y prácticamente no fueron escolarizados de manera continua. Si esta situación no se resuelve, habrá niños que no lleguen siquiera a cubrir un tercio de los días de clases obligatorios para este año, que son 180”.

Además, Giménez criticó la desproporción en la aplicación de medidas gremiales: “Los mismos docentes que se desobligan en escuelas estatales cumplen normalmente en escuelas privadas, con condiciones salariales similares. Es una paradoja que pone en riesgo el futuro de Tierra del Fuego y exige explicaciones tanto de los gremios como del gobierno”.

Tras la notificación de sindicatos y gobierno, cada parte tendrá 48 horas para presentar su descargo. Luego, el juez determinará las medidas más racionales posibles para garantizar la educación de los niños, basándose en antecedentes locales y nacionales. Giménez señaló que los padres “ya no tienen dónde recurrir; la justicia es el último recurso cuando se viola un derecho constitucional, y deberá actuar con criterio, imaginación y pulso para resolver esta tragedia educativa”.

El abogado también advirtió sobre la normalización de la situación por parte de la comunidad: “Antes, un paro de una semana generaba indignación. Hoy, los padres se acostumbran a que sus hijos tengan clases un día sí y otro no, o sean enviados a casa a mitad de la mañana. Esto es inaceptable y requiere intervención inmediata”.

En caso de que se convoque a una mesa de diálogo, los padres se mantendrán ajenos a la discusión directa entre gremios y gobierno. Según Giménez, “los padres denuncian la violación de un derecho, pero no son quienes deben garantizar las clases. Esa obligación es exclusivamente del Estado, que debe dar solución urgente al problema”.

Por último, Giménez calificó de “salvajes” los paros y desobligaciones que, a su juicio, comprometen seriamente el futuro educativo de los niños. Resaltó que la medida presentada abarca tanto los días de paro como las desobligaciones y asambleas, considerando que en muchos casos los registros de asistencia no reflejan realmente el tiempo efectivo de clase que reciben los alumnos.

Con la presentación ya en manos del juez, la comunidad educativa aguarda expectante la definición de la justicia, mientras se intensifica el debate sobre la garantía del derecho a la educación en Tierra del Fuego, un desafío que se agrava ante la falta de diálogo entre gobierno y gremios docentes y la herencia educativa dejada por la pandemia.