Integrantes de la organización Por un Parto Humanizado TDF expresaron su preocupación por la reciente sanción de la ley que crea el registro de defunciones fetales en Tierra del Fuego, por considerar que la norma puede vulnerar derechos reproductivos y contradice principios de la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En comunicación con Radio Provincia, Ariana Valdivia y Gabriela Morales señalaron que la organización no fue consultada antes de la aprobación del proyecto, a pesar de integrar una mesa interinstitucional que trabaja desde hace dos años en la temática del parto respetado y los derechos de las personas gestantes. “Nos sorprendimos al ver que la ley se aprobó sin diálogo previo. El proyecto había sido mencionado en la mesa el año pasado, pero nunca más fue retomado”, indicaron.

Uno de los principales cuestionamientos es que la ley permite que cualquier tercero –padre, madre o ascendiente en primer grado– pueda registrar con nombre y apellido a un feto no nacido, sin especificar edad gestacional ni peso mínimo. “Eso es un avasallamiento al derecho de la mujer gestante, que es quien atraviesa el duelo en su cuerpo. Debería ser ella quien tome esa decisión”, señalaron.

También recordaron que la provincia no adhirió a la Ley Johanna, que establece protocolos para el abordaje del duelo perinatal y define claramente los criterios para emitir certificados por muerte gestacional a partir de la semana 22 de gestación. “Antes de crear un nuevo registro, debería trabajarse sobre esa normativa nacional, que ya contempla este tipo de situaciones de forma cuidadosa y con enfoque en derechos”, subrayaron.

Desde Por un Parto Humanizado TDF confirmaron que solicitaron el veto parcial de la ley y presentaron notas en ese sentido. “Estamos dispuestas al diálogo y a trabajar en conjunto, pero esta norma necesita una revisión profunda. Tal como está redactada, puede tener consecuencias perjudiciales en otros contextos”, concluyeron.