La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de ley denominado "Fondo Provincial de Financiamiento Educativo (FPFE)", como alternativa a la propuesta impulsada por el SUTEF que contempla la creación de nuevos tributos. La iniciativa de AMET busca garantizar recursos para el sistema educativo sin imponer cargas adicionales al sector privado.

En declaraciones radiales, el secretario general del gremio, Juan Carrizo, explicó que la propuesta apunta a redirigir fondos ya existentes: “La idea nuestra es tratar de reconducir los fondos que están disponibles y que seguramente hay mucho que se está malgastando. Eso se podría invertir en infraestructura escolar, en los elementos que necesitan las escuelas para funcionar y en el salario de los docentes”.

Carrizo se refirió específicamente a la ley 907, vigente desde 2012, que establece un esquema de recaudación impositiva para financiar salud y educación a través de AREF. “Los comerciantes pagan esta tasa como una más, pero no sabemos cuánto se recauda ni cómo se utiliza. Nuestra propuesta es aprovechar esos fondos sin crear nuevos impuestos”, aseguró.

Frente a las críticas de sectores comerciales por el proyecto del SUTEF, que preveía crear nuevos tributos, Carrizo sostuvo que el FPFE fue elaborado justamente para evitar ese camino. “No es con más impuestos como se fortalece el sistema educativo, sino gestionando mejor lo que ya existe y reduciendo el gasto político”, subrayó.

Ejes principales del Fondo Provincial de Financiamiento Educativo (FPFE):

1. No crea nuevos impuestos: se financiará con recursos ya existentes.
2. Tres prioridades básicas:
   A) Infraestructura escolar y mantenimiento.
   B) Equipamiento, insumos y tecnología.
   C) Política salarial docente basada en la canasta básica.
3. Asignación directa a estudiantes mediante el SIPAEI, para la compra de útiles, materiales escolares y conectividad, fomentando el circuito económico local.
4. Distribución transparente y auditada directamente a las instituciones educativas, sin intermediación burocrática ni clientelar.
5. Creación de un Consejo de Seguimiento plural, sin costo para el Estado, con participación docente, académica y ciudadana.
6. Aporte temporario de empresas y entes con superávit, sin imponer cargas tributarias, mientras dure la emergencia educativa declarada por la Legislatura.