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Provincia rechazó la baja de la edad de imputabilidad

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su rechazo a la media sanción del proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad, al considerar que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos humanos y en el abordaje de las infancias y adolescencias.

Desde el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce, cuestionó el enfoque del proyecto y sostuvo que se aleja del paradigma de protección integral establecido en la legislación vigente y de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, que cuenta con jerarquía constitucional.

En esa línea, Ponce remarcó que la protección integral no puede ser desplazada por una lógica centrada en el castigo anticipado. Según planteó, la baja de la edad de imputabilidad no representa una respuesta efectiva frente a los problemas de seguridad pública ni aborda las causas estructurales que inciden en las situaciones de vulneración que atraviesan niñas, niños y adolescentes.

El funcionario advirtió además que la propuesta traslada el eje de la responsabilidad estatal desde la garantía y restitución de derechos hacia una respuesta predominantemente punitiva, lo que —según indicó— debilita los dispositivos de cuidado, prevención y acompañamiento en territorio.

Asimismo, subrayó que las políticas destinadas a las infancias y adolescencias deben ser integrales, sostenidas e intersectoriales. En ese sentido, alertó que la penalización temprana puede impactar negativamente en los procesos de desarrollo subjetivo, educativo y comunitario, además de profundizar desigualdades.

Finalmente, Ponce consideró que ante problemáticas complejas no pueden imponerse soluciones simplificadas basadas en el endurecimiento del sistema penal. En su planteo, sostuvo que resulta clave fortalecer el primer nivel de cuidado, ampliar los dispositivos de acompañamiento y garantizar el acceso efectivo a educación, salud mental, espacios comunitarios y oportunidades reales de inclusión.

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