La Dirección Provincial de Puertos (DPP) intimó formalmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a reintegrar más de 1.400 millones de pesos que el organismo provincial debió afrontar con fondos propios luego de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, dispuesta el pasado 21 de enero.
La notificación, firmada por el presidente de la DPP, Roberto Murcia, establece un plazo perentorio de 48 horas hábiles administrativas para efectuar la devolución, bajo apercibimiento de iniciar nuevas acciones judiciales en caso de incumplimiento.
De acuerdo al expediente administrativo DPP-N-194-2026, la intervención nacional implicó la toma de posesión de las instalaciones portuarias y la transferencia de la recaudación a una cuenta ajena a la Provincia, sin que se estableciera una compensación económica equivalente. Desde el organismo provincial sostienen que esta situación provocó un desfinanciamiento inmediato al quedar impedidos de administrar su principal fuente de ingresos.
El impacto económico
Según los datos presentados, el presupuesto 2026 de la Dirección Provincial de Puertos había sido proyectado en 30.697 millones de pesos, de los cuales 25.624 millones —equivalentes al 94%— provenían de la operatoria del Puerto de Ushuaia. Sin esos recursos, los ingresos estimados se reducen a poco más de 5.073 millones de pesos.En la intimación se reclama el reintegro de 1.057 millones de pesos correspondientes a la masa salarial de enero de 2026, además de 381 millones de pesos en gastos operativos realizados entre el 1 y el 13 de febrero, vinculados a servicios esenciales, mantenimiento de infraestructura, contratos técnicos y seguros. El monto total exigido asciende a 1.438 millones de pesos.
Un informe técnico contable del organismo advierte además que, incluso con recortes en partidas relacionadas al puerto intervenido, el escenario financiero proyecta un déficit superior a los 10.000 millones de pesos al cierre del ejercicio 2026.
Riesgo de desfinanciamiento
Para sostener el funcionamiento básico, la DPP prevé utilizar recursos acumulados de años anteriores originalmente destinados a obras de infraestructura. Sin embargo, esos fondos alcanzarían solo hasta noviembre de este año y, de no revertirse la situación o no mediar asistencia financiera, el organismo enfrentaría un desfinanciamiento total.La intimación fue cursada sin reconocer legitimidad ni competencia a la intervención dispuesta por la Agencia Nacional y con reserva de ampliar los montos reclamados a medida que continúen generándose nuevas erogaciones.
El conflicto entre la Provincia y la Nación por el control del Puerto de Ushuaia suma así un nuevo capítulo, trasladando la disputa del plano administrativo y judicial al terreno financiero, con posibles consecuencias sobre la sustentabilidad operativa del sistema portuario fueguino y la planificación de obras estratégicas.
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