El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego presentó una recusación formal contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Loffler, solicitando su apartamiento de una causa clave vinculada a la reforma parcial de la Constitución Provincial. Así lo confirmó el doctor Emiliano Fossato, secretario Legal y Técnico del Ejecutivo, quien brindó detalles sobre los fundamentos de esta presentación en Fm Ushuaia.

“La recusación es una herramienta contemplada en el Código Procesal y la hicimos con expresión de causas, tal como establece el artículo 28 incisos 7, 10 y el artículo 29”, explicó Fossato. Según el planteo del Ejecutivo, existen elementos que demostrarían un prejuzgamiento por parte del magistrado antes de que la causa llegara formalmente a su conocimiento.

Entre los fundamentos, se destaca la existencia de expresiones públicas de Loffler respecto a la necesidad o no de una reforma constitucional, lo que podría comprometer su imparcialidad. Además, el Gobierno denunció una “demora infundada” en la tramitación de dos expedientes clave que estarían retenidos en la vocalía del juez, generando una situación de “incertidumbre prolongada” que afecta derechos constitucionales y el principio republicano de gobierno.

Fossato precisó que ya se han presentado dos prontos despacho sin resolución, y el martes se sumó una nueva presentación solicitando que se deje sin efecto el carácter reservado del dictamen emitido por el fiscal Eduardo Urquiza, al que finalmente pudieron acceder por vía de la Ley de Acceso a la Información.

“El dictamen del fiscal pone de manifiesto cuestiones sensibles vinculadas al plazo y a la fecha establecidos en la ley, y refuerza la necesidad de que el tratamiento del expediente se realice con la urgencia correspondiente”, sostuvo el funcionario.

Cabe recordar que la causa gira en torno a la validez de la Ley Provincial N°1529 y el Decreto N°1656, que convocaron a elecciones de convencionales constituyentes. Según remarcó Fossato, la justicia penal ya determinó que no hubo irregularidades en la firma ni en la legitimidad del acto administrativo.

“Es una causa de enorme peso institucional. No podemos permitir que se dilate más. Esta falta de resolución atenta contra la celeridad del proceso judicial y debilita la confianza pública en las instituciones”, subrayó.

Finalmente, el doctor Fossato indicó que aún no está definido si solicitarán la habilitación de feria judicial para evitar que el expediente continúe detenido durante el receso invernal, aunque no lo descartan: “Estamos evaluando esa posibilidad. Lo que no queremos es que esta incertidumbre se prolongue aún más”.

El Gobierno busca así garantizar la imparcialidad, celeridad y objetividad en una causa de profundo impacto institucional, mientras crece la tensión entre el Ejecutivo fueguino y el máximo órgano judicial de la provincia.