La Legislatura provincial aprobó una modificación técnica al régimen de coparticipación de regalías hidrocarburíferas con el objetivo de proteger los recursos de los municipios, luego de los cambios introducidos en los contratos petroleros y del retiro de YPF de las áreas convencionales. La medida apunta a compensar el beneficio fiscal otorgado a la empresa estatal Terra Ignis, evitando que el impacto recaiga sobre los presupuestos de las intendencias.

La iniciativa fue tratada y sancionada durante una sesión ordinaria desarrollada en Ushuaia, donde se dio luz verde a una modificación puntual de la Ley 892. El cambio se concentra en el esquema de distribución de las regalías, con el fin de garantizar que los gobiernos locales no vean reducidos sus ingresos a partir de la nueva configuración del negocio hidrocarburífero.

Con el nuevo contrato, la alícuota de regalías se redujo del 12% al 10%, lo que implica una menor recaudación global por este concepto. Frente a ese escenario, la Legislatura resolvió elevar al 28% la porción de las regalías que se coparticipa a los municipios, una decisión que busca neutralizar el efecto negativo de la baja en los cánones petroleros.

Desde el ámbito legislativo se explicó que se trata de un reordenamiento contable destinado a preservar el flujo de fondos hacia las comunas, garantizando previsibilidad financiera para la prestación de servicios y la planificación de obras públicas. El criterio central fue que los incentivos otorgados a la empresa operadora sean absorbidos por la Provincia y no por las administraciones locales.

La reconfiguración del reparto funciona así como un mecanismo de compensación ante el cambio de operador en los yacimientos y la nueva política de estímulos al sector. El objetivo es que las municipalidades no queden condicionadas por decisiones adoptadas a nivel provincial en materia energética y fiscal.

La aprobación de esta modificación legal se dio en paralelo a la ratificación de la transferencia de los derechos de explotación de las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego. Con este marco normativo, Terra Ignis asumirá la operación de los yacimientos por un plazo de diez años, mientras que, al mismo tiempo, queda asegurado el resguardo de los recursos que sostienen el funcionamiento de los municipios fueguinos.