La posible modificación de la Ley Provincial N.º 1.355, que prohíbe la salmonicultura en aguas marítimas, ríos y lagunas de Tierra del Fuego, volvió a quedar en el centro de la escena política. El debate, que se arrastra desde mediados de año, suma ahora nuevos capítulos atravesados por renuncias, cuestionamientos institucionales y denuncias sobre el funcionamiento de las comisiones legislativas.

En diálogo radial, Nancy Fernández, referente del colectivo ambiental Manekenk, cuestionó con dureza el proceso mediante el cual avanzó el dictamen que impulsa cambios a la norma sancionada en 2021. Remarcó que el Consejo Provincial de Medio Ambiente —órgano asesor creado por la Ley 55— resolvió respaldar la plena vigencia de la legislación actual, decisión que habría sido elevada recientemente a la Legislatura y que derivó en la renuncia de dos funcionarias del área ambiental.

Fernández recordó que el Consejo funciona desde la década del 90 y ha sido clave en decisiones relevantes de política pública ambiental, con participación de municipios, instituciones académicas, ONG y representantes legislativos. Según explicó, desde junio se debatieron en ese ámbito los proyectos presentados para modificar la ley, incluido el del Ejecutivo provincial, aunque —aseguró— nunca hubo presentación formal ni envío de documentación técnica por parte de la Subsecretaría de Pesca.

“Jamás se habilitó un espacio real para discutir el proyecto del Ejecutivo en el Consejo. Nunca vinieron a defenderlo con datos, informes o relevamientos”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el debate se trasladó exclusivamente a la Legislatura y culminó el 8 de agosto con la firma de un dictamen por parte de cuatro legisladores, decisión que luego fue fuertemente cuestionada.

Uno de los puntos más delicados expuestos tiene que ver con la supuesta inexistencia —al menos hasta fines de noviembre— del acta oficial de comisión que debía reflejar lo ocurrido en esa reunión clave. Fernández señaló que el documento apareció de manera informal y que su contenido no coincide ni con lo ocurrido en el debate ni con lo expresado públicamente por otros legisladores presentes ese día. “La gravedad institucional es enorme. Eso lo evaluará la Justicia”, advirtió.

Más allá de las discusiones reglamentarias, Fernández subrayó que el fondo del conflicto es político y ambiental. “La decisión va a ser de cada legislador cuando levante la mano. Acompañar esto tiene un costo político”, sostuvo, y denunció lo que definió como una lógica de “Estado salmonero”, capaz de avanzar “a cualquier costo”, incluso perdiendo profesionales de alto nivel antes que abrir instancias reales de diálogo.

Respecto al desarrollo productivo, aclaró que en Tierra del Fuego ya existe acuicultura —como el cultivo de truchas o mejillones— y que el debate no es “acuicultura sí o no”, sino qué modelo productivo se quiere para la provincia. En ese marco, defendió la ley actual por evitar un esquema “extractivista y de gran escala” similar al chileno, con impactos ambientales severos y riesgos laborales.

Sobre el escenario legislativo, hasta el momento no hay confirmación oficial de una nueva sesión. Aunque se mencionó informalmente el 11 de diciembre como posible fecha, no existen notificaciones formales. Mientras tanto, el proyecto de modificación de la Ley 1.355 continúa en el orden del día y las posiciones siguen profundamente divididas.

“Los legisladores tienen dos caminos: devolver el tema a comisión para un debate serio o enviarlo al archivo. Lo que no se puede hacer es avanzar de esta manera”, concluyó Fernández.