El traspaso de áreas hidrocarburíferas de YPF a la empresa estatal Terra Ignis quedó a la espera del aval de la Legislatura provincial, en una definición que, según el Gobierno, puede marcar “un paso histórico” en la política energética de Tierra del Fuego.

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, sostuvo que la iniciativa está directamente vinculada con el espíritu con el que fue creada la empresa estatal. “Cuando se creó Terra Ignis se hizo con el horizonte de que la provincia no solo entregara concesiones, sino que tuviera la potestad de ser explotador de sus recursos”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la empresa del Estado “puede asociarse con otras empresas para la explotación hidrocarburífera”, algo que hoy requiere la aprobación legislativa. “Es un paso que no se puede dar si no está el acompañamiento de la Legislatura, y por eso es tan importante este tratamiento”, subrayó.

Castillo afirmó que el convenio no presenta desventajas para la provincia. “Acompañar desde la Legislatura el aval del convenio tiene todos pros, no tiene contras”, aseguró, y agregó que la iniciativa apunta a “recuperar producción, crecer en producción y ampliar las posibilidades de inversión”.

La funcionaria también remarcó que el acuerdo permitiría a la provincia tomar decisiones estratégicas. “Da la posibilidad de definir en qué invertir, a quién vender el gas de nuestra provincia o priorizar el consumo interno antes que la exportación”, señaló, enmarcando el debate en términos de soberanía energética.

Sobre las dudas vinculadas a la capacidad de Terra Ignis para operar, Castillo fue categórica: “Es una forma de trabajo que ya existe en otras provincias como Santa Cruz, Chubut o Neuquén. Acá suena raro porque es nuevo, pero no es una excepción”.

Respecto al empleo, destacó que el traspaso brinda previsibilidad. “Los trabajadores siguen en su empleo, pero hay un interés claro de que esto se termine de dirimir porque no estar en la incertidumbre también es tranquilidad”, expresó, y añadió que los gremios acompañan el proceso.

El acuerdo establece con precisión qué activos y pasivos quedan en cada parte. “Los pasivos ambientales de mayor costo, como la monoboya o la playa de tanques de Cruz del Sur, quedan en cabeza de YPF”, indicó, mientras que Terra Ignis asume la operación de las áreas transferidas.

Finalmente, Castillo advirtió que una demora legislativa implicaría postergar todo el proceso. “Si no se avala, se demoran inversiones, ingresos y el inicio de la explotación bajo potestad provincial”, concluyó.