El Poder Ejecutivo de la provincia decidió vetar de manera total la ley sancionada por la Legislatura que proponía elevar la coparticipación municipal sobre las regalías hidrocarburíferas del 20% al 28%. La medida quedó formalizada con la firma del Decreto 042/26, publicado recientemente en el Boletín Oficial.

Según explicaron desde el Gobierno, el veto se fundamenta en la “ausencia de estudios técnicos” que respalden la iniciativa, incluyendo análisis de impacto económico, ambiental y sobre las reservas hidrocarburíferas, lo que “expone a la Provincia a riesgos de inestabilidad en su matriz productiva” y compromete la planificación financiera de mediano y largo plazo.

El Ejecutivo calificó la ley de “desproporcionada e irracional” y advirtió que su implementación pondría “en riesgo la prestación de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia”. Además, remarcó que la norma fue aprobada “sobre tablas” y vinculada a un presunto beneficio fiscal contenido en el Acuerdo de Prórroga de concesiones a favor de Terra Ignis, ratificado por la Ley Provincial N° 1605. Sin embargo, precisó que dicho acuerdo mantiene el esquema de regalías originalmente pactado con YPF S.A.

Desde el Ministerio de Economía se alertó que la ley vetada podría haber afectado el cumplimiento de compromisos financieros de la provincia, incluidos los pagos de la deuda externa reestructurada recientemente. En la misma línea, la Agencia de Recaudación Fueguina sostuvo que la medida es “desproporcional”, y detalló: “Aun en el hipotético caso de haberse otorgado algún beneficio impositivo a favor de Terra Ignis Energía S.A., la pérdida real para los municipios habría sido de aproximadamente 1,3 millones de dólares durante la vigencia de la prórroga, mientras que el aumento pretendido implicaba una suba estimada en más de 14,7 millones de dólares, cifra que excede con creces cualquier potencial detracción, resultando absurda e incongruente a la realidad económica del acuerdo celebrado”.

El decreto recuerda que tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial establecen criterios de razonabilidad, equidad y responsabilidad fiscal en la coparticipación, y advierte que “el incremento de la coparticipación municipal, sin correlato en la transferencia de servicios o competencias, resulta contrario a los principios constitucionales de razonabilidad, equidad y responsabilidad fiscal, en tanto traslada enteramente la responsabilidad sobre el bienestar general a la Provincia, beneficiándose inequitativamente el erario municipal a expensas del detrimento de los ingresos provinciales, poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos previamente asumidos y la prestación de servicios esenciales, como salud, educación, seguridad”.

Por estos motivos, el Gobierno provincial resolvió vetar la norma en su totalidad y devolver el proyecto a la Legislatura para su eventual reconsideración, conforme lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Provincial.