La medida provocó que incluso en Tierra del Fuego, autoridades transandinas expresaran su sorpresa.

La baja de los turistas argentinos a Magallanes ha sido notoria en las últimas semanas y los actores del sector turismo lo lamentan profundamente.

La causa más importante es la caída en el tipo de cambio que pasó en pocas semanas de 36 a 25 pesos con lo cual, el viaje a Chile se hizo mucho más oneroso, máxime si su motivación es, generalmente, de compras.

Pero a esa barrera se suma otra del todo inesperada: la prohibición nacional de circular con vehículos polarizados y que expone a los turistas transandinos a una multa de 90 mil pesos.

La situación es de tal magnitud que el cónsul chileno en Río Grande, Francisco Fuenzalida, llamó la semana pasada a los conductores transandinos a retirar los vidrios polarizados de sus vehículos si quieren venir a Chile. “La Ley es pareja para todos y hay que cumplirla”, dijo en conferencia de prensa ante medios argentinos de esa ciudad.

De hecho, parte de la molestia transandina se debió a que, durante algunos meses, Carabineros extendió partes de cortesía informando de la situación, pero ahora la norma está vigente y las multas se están cursando, lo cual ha desconcertado a muchos, al otro lado de la frontera, incluidas autoridades de gobierno, como el secretario de Seguridad Pública de la provincia transandina de Tierra del Fuego, Javier Eposto quien declaró hace un mes que estaban sorprendidos por su aplicación.

“Ya ha pasado con el Soapex y con el cochecito de los nenes que te dan tiempo para poder informarle a la comunidad, pero con esto estamos sorprendidos, es la primera vez que lo escucho, no teníamos información ni de Defensa Civil ni de Transporte”, dijo.

Ayer, la vicepresidenta de la Asociación de Hostales y Residenciales de Punta Arenas, Paulina Álvarez, declaró su molestia al respecto. “Estas normas más que ayudar espantan a los argentinos y van en perjuicio del comercio y la hotelería”, manifestó la dirigente quien expresó que no veía sentido aplicar estas restricciones considerando que todos los vehículos que cruzan la frontera son revisados en la aduana.

No es la única que piensa así ya que se trata de una medida que ha motivado incluso protestas en la Región Metropolitana, pero las últimas indicaciones que buscaban eliminar la polémica norma fueron retiradas en el Congreso con el objeto de reforzar el combate a la delincuencia.