El gobierno central dio una vuelta más al ajuste que viene realizando a las provincias y comenzó de hecho con el retaceo de fondos para la obra pública, seguido de la eliminación del fondo sojero. Ahora se suma el traslado de todo el costo de la tarifa social a las provincias, dispuesto por resolución del Ministerio de Energía.

Se publicó ayer en el Boletín Oficial y tiene fecha del 3 de septiembre. Si bien en Tierra del Fuego no tendrá incidencia porque no había subsidios ni hacia la DPE ni hacia la Cooperativa Eléctrica, sigue latente la posibilidad de seguir avanzando con la quita del subsidio de gas, que efectivamente significará un cimbronazo en la Patagonia sur.

En los considerandos de la resolución, se hace mención a los motivos que llevaron a establecer una tarifa social, “en el entendimiento deque parte de la demanda de usuarios finales carece de capacidad de pago suficiente para afrontar los precios establecidos con carácter general”.

De acuerdo a este criterio, se fijó un valor de cero pesos por megavatio por hora para un consumo mensual de hasta 150 kilovatios/hora, y precios reducidos para los consumos que superaran dicho umbral, previa evaluación de los ingresos de los usuarios.

Por ley de presupuesto se había fijado que el estado nacional se haría cargo de cubrir las diferencias generadas, mediante la vía del subsidio, y en resoluciones posteriores se amplió el umbral máximo de consumo para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.

El ministro de Energía argumenta que sostener la tarifa social ha sido “un sustancial aporte del Tesoro Nacional, independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren los usuarios beneficiarios del referido régimen” y considera que, en el contexto actual, “resulta indispensable la contribución de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el financiamiento de la tarifa social.

En consecuencia resuelve que “a partir del 1° de enero de 2019, el régimen de Tarifa Social establecido en virtud de lo previsto en la Resolución Nº 6 del 25 de enero de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, sus modificatorias y complementarias, para los beneficiarios que se encuentran domiciliados en las distintas jurisdicciones del servicio público de distribución de electricidad, será aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen y que involucrará la asunción de su financiamiento y la coordinación con los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución de cada jurisdicción, los respectivos entes reguladores locales y el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)”.

En definitiva, la “contribución” de las provincias y de CABA enunciada en los considerandos, en el articulado se convierte en una transferencia completa de la responsabilidad, al disponer que deberán directamente “asumir su financiamiento” o, de lo contrario, eliminarla. Una alternativa imposible frente a la agudización de la crisis, la cantidad de electro dependientes que aun superando los parámetros reciben asistencia por razones de salud, todos costos que recaerán ahora en su totalidad en las provincias