Con el objetivo de llegar a las 9.600 firmas que se necesitan para presentar en el Juzgado Electoral y habilitar así el mecanismo de iniciativa popular que deber ser atendida por la Legislatura de la Provincia, los padres autoconvocados por el derecho a la educación, comenzaron con la recolección de las adhesiones, con un puesto que fue instalado este lunes en la esquina de San Martín y Don Bosco.

Andrea Ibarra, mamá de los autoconvocados, dijo que la iniciativa popular será para que los Legisladores sanciones una ley que declare, en todo el territorio de la Provincia, a la educación como un “servicio público de importancia trascendental”, una figura legal alternativa a la primera decisión de intentar que sea declarada “servicio esencial”.

Ibarra dijo que en base al dictamen emitido por el Fiscal Mayor, Guillermo Massimi, respecto a que la figura de “esencial”, estaba objetada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), surgió la alternativa de que se declare “servicio público de importancia trascendental”, el cual surgió de esa misma organización que ampara los derechos de los trabajadores.

Ibarra dijo que ahora, “lo importante es que una figura legal, que presenta la Organización Internacional del Trabajador (OIT), que se opone servicio esencial, puede ser una forma de solución intermedia entre lo que es la obligación de cumplir con el derecho de educación de los chicos y, después, con el derecho del trabajador, que es la huelga”.

Sobre el conflicto estatal, Andrea Ibarra, dijo que en algunas escuelas siguen con la grave situación que tiene cursos donde no ha comenzado el ciclo lectivo, porque el docente está adherido al paro del SUTEF.

“Lo conflictivo ahora se da con el día a día, después de tanto tiempo de paro, se da una situación que hace complicada la convivencia. Por eso estamos atentos en lo que dicen nuestros hijos, a lo que piden los docentes a la familia, atentos a que la situación en vez de ser tensa pueda ser productiva”, dijo la representante de los padres autoconvocados.

La madre aclaró que “la iniciativa popular no es una contramedida a la situación que hay ahora ya que surge de un problema que es de años. Hace una década que el año no puede empezar con clases normales. Siempre se inicia con paros, con retenciones de servicios o con desobligaciones”, lo cual afecta a los alumnos.