La Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso una serie de medidas extraordinarias para reducir la posibilidad de incendios forestales durante el verano 2025-2026. La decisión, publicada mediante la resolución 390/2025, establece la prohibición total de realizar quemas en varias áreas protegidas del sur del país y restringe severamente el uso del fuego en zonas de uso público.

La medida surge tras un informe técnico que alertó sobre el alto nivel de riesgo que afronta la Patagonia, consecuencia de las condiciones meteorológicas actuales y de las proyecciones para los próximos meses. Según ese documento, resulta necesario aplicar restricciones urgentes para evitar focos ígneos en territorios que ya han sufrido incendios de gran magnitud en años recientes.

En este contexto, Parques Nacionales definió que desde el 5 de diciembre y hasta el 30 de abril de 2026, quedará prohibido encender fuego en los parques Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, considerados los de mayor vulnerabilidad ante la temporada de riesgo. Solo se permitirá cocinar en instalaciones especialmente habilitadas y bajo la organización de prestadores turísticos autorizados.

La norma también recuerda que los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut ya declararon la emergencia ígnea, aplicando decretos con medidas preventivas dirigidas tanto a operadores turísticos como a la población general. La resolución nacional refuerza este marco provincial e invalida una disposición anterior que autorizaba quemas con permiso de las intendencias, reemplazándola por un criterio unificado y más estricto.

Parques Nacionales advirtió además que cualquier incumplimiento será sancionado con las penalidades máximas estipuladas por la legislación vigente. En los casos más graves, cuando la conducta derive en incendios, también se radicarán denuncias penales.

Esta resolución se conoce en paralelo a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a la Nación, a varias provincias y a municipios del Delta del Paraná ejecutar un plan integral para frenar las quemas en esa región. El tribunal señaló que los incendios recurrentes afectan la salud de la población y degradan el ambiente, y exigió la instalación de sistemas de alerta temprana y una red de faros de conservación.

Los antecedentes técnicos que acompañaron ese fallo coincidieron en que muchos focos del Delta fueron provocados de manera intencional para el manejo de pastizales, lo que, agravado por la sequía, generó daños ambientales severos. La Corte remarcó entonces la necesidad de una acción federal coordinada para prevenir nuevos eventos y proteger los ecosistemas.