La controversia por la presencia de la flota de pesca china en el Atlántico Sur se reaviva. En los últimos meses, no solo ha crecido el número de embarcaciones, sino que también se detectó un cambio de estrategia que impacta directamente en las aguas cercanas a la Argentina.

Según un informe del Círculo de Políticas Ambientales, tras el cierre de puertos en Perú a estos pesqueros, Chile se convirtió en su principal centro logístico. En terminales como Arica e Iquique, el movimiento pasó de cero ingresos en 2023 a 25 arribos en 2024 en el mismo período, mientras que en Perú las operaciones se redujeron de 61 a ninguna.

La cercanía de estas instalaciones al Estrecho de Magallanes permite a los barcos reducir tiempos y distancias, lo que les facilita intensificar su actividad extractiva frente a la zona económica exclusiva argentina. La organización denuncia que algunos de estos buques, como el Fu Yuan Yu 7871 y el Fu Yuan Yu 7872, pertenecen a armadores sancionados por Estados Unidos por delitos vinculados a pesca ilegal, trabajo forzado y violencia sexual.

Estos navíos, que recibieron subsidios millonarios del gobierno chino en 2021, fueron hallados con miles de tiburones a bordo —incluyendo especies protegidas— y están acusados de prácticas como el aleteo. Además, emplean identidades falsas para eludir sistemas de rastreo.

El reporte advierte que Chile, pese a aspirar a ser sede del Tratado de Alta Mar, está facilitando el acceso a una flota que no solo depreda recursos oceánicos, sino que también compite en condiciones desleales con la pesca local, la cual está sujeta a impuestos, licencias y estrictas regulaciones.

La llamada “armada” china en el Atlántico Sur, que ya ronda las 600 embarcaciones, ha incrementado su tamaño en un 800% durante la última década. Si bien su objetivo principal es el calamar, las capturas incluyen especies protegidas y no respetan vedas ni períodos de reproducción. El valor estimado de este negocio de depredación supera los 700 millones de dólares anuales.

En algunos casos, embarcaciones con bandera argentina participan indirectamente en esta actividad mediante convenios, arriendos y licencias de pesca otorgadas a operadores chinos, ampliando el alcance del saqueo sobre los recursos marinos de la región.