El Convenio establecía que la empresa debía realizar pagos adelantados por la compra del gas, pero luego de completar en diciembre de 2011 el primer pago por adelantado de u$s 30.092.336, no abonó el segundo; por lo que se informó a la empresa que había entrado automáticamente en mora. La rescisión del contrato se debió no solo a este incumplimiento de la empresa, sino también que no se construyó la planta de producción de urea a la que iba a destinarse el gas, acordada en el Convenio para mediados de 2013.

Durante los dos años siguientes, el Gobierno provincial, a cargo de Fabiana Ríos, concedió cuatro prórrogas, aplicando únicamente intereses por mora y una multa diaria. Además, las partes acordaron la suspensión del Convenio mediante la suscripción de actas, estirando de esta manera los tiempos sin prever el pago de intereses ni multas hasta el año 2015. A días de dejar el gobierno, la mandataria les concedió una nueva prórroga.

Con la asunción de Rosana Bertone, y tras un nuevo análisis del expediente, se decidió dar por finalizado el contrato a través del Decreto 1426/2016. Pero la empresa presentó un recurso de reconsideración, esto es, una instancia prevista en la Ley de Procedimientos Administrativos, donde el supuesto damnificado puede solicitar la modificación, revocación, o impugnación de actos administrativos definitivos.

Finalmente, y con la recomendación de la Secretaría Legal y Técnica, que analizó y respondió cada punto del escrito presentado, la Gobernadora decidió rechazar el planteo de la empresa y además intimarla a abonar la suma de u$s 4.903.246 correspondiente al segundo adelanto más intereses, y $274. 912. 279 en concepto de remanente de compensación por multas. Un total de 375 millones de pesos que apuntar a terminar de una vez por todas el “cuento chino”