Una serie de presuntas irregularidades en la atención de afiliados del PAMI en Río Grande podría llegar a la Justicia Federal. El médico gastroenterólogo Carlos Mariño Camacho aseguró que reunió documentación sobre prestaciones facturadas que no se habrían efectuado, estudios incompatibles con los antecedentes de algunos pacientes y procedimientos presuntamente desarrollados sin las habilitaciones necesarias.

El profesional explicó que la investigación comenzó en febrero de 2025, cuando un auditor le pidió que dejara de emitir solicitudes de biofeedback anal por la cantidad de órdenes registradas. La advertencia despertó sus sospechas porque, según afirmó, en Tierra del Fuego no habría equipos específicos ni personal capacitado para realizar esa práctica.

Qué se denuncia

• La existencia de cientos de órdenes correspondientes a sesiones de biofeedback anal que se habrían cobrado sin haber sido realizadas.

• La autorización y facturación de una prestación determinada, aunque a los pacientes presuntamente se les practicaban estudios diferentes y de menor costo.

• Una diferencia superior a los 100 mil pesos entre el valor cobrado por cada sesión de biofeedback y las prácticas que supuestamente se efectuaban en su reemplazo.

• La intervención de profesionales de distintas especialidades en la generación de órdenes médicas.

• Pedidos de estudios de fertilidad que no guardarían relación con la edad o la historia clínica de las pacientes.

• La posible realización de procedimientos quirúrgicos sin contar con las habilitaciones o los permisos correspondientes.

Mariño Camacho estimó que cada sesión de biofeedback anal tenía un valor cercano a los 150 mil pesos. De acuerdo con su denuncia, se habrían utilizado otras prácticas considerablemente más económicas para justificar la atención, mientras se facturaba al organismo nacional el importe correspondiente al estudio de mayor complejidad.

Las sospechas alcanzarían al Centro Médico Integral MEDICI y al Centro de Medicina Integral (CEMeP). Según el gastroenterólogo, Fiscalización Sanitaria de Zona Norte inspeccionó ambos establecimientos y habría comprobado que ninguno disponía del aparato requerido. Agregó que el director médico de MEDICI confirmó que allí no se efectuaba ese tratamiento, aunque posteriormente habrían continuado apareciendo órdenes electrónicas.

El denunciante aclaró que no responsabiliza exclusivamente a una persona. Sostuvo que deberían investigarse tanto quienes generaban las solicitudes conociendo que el estudio no podía realizarse como quienes recibían las órdenes, las facturaban y cobraban. También consideró necesario determinar el grado de participación de cada profesional o institución involucrada.

Entre los casos revisados mencionó el de una mujer de 74 años, con antecedentes de cáncer de cuello uterino, a quien presuntamente le solicitaron un examen de fertilidad. Para el médico, este episodio demostraría que las irregularidades podrían extenderse a prestaciones distintas del biofeedback.

El profesional indicó que presentó denuncias y ampliaciones ante la delegación del PAMI en Ushuaia, la Unidad Fiscal de Investigaciones del organismo y las autoridades sanitarias. Tras asegurar que todavía cuenta con más pruebas, anticipó que avanzará con una presentación ante la Justicia Federal. Por el momento, los hechos señalados constituyen una denuncia y deberán ser investigados para establecer si existieron delitos y quiénes serían sus responsables.