La actividad de los taxistas en Río Grande enfrenta una situación crítica. A la merma en la recaudación producto de la crisis económica nacional, se suma el crecimiento de un sistema de transporte ilegal que amenaza directamente la subsistencia del sector formal. En este contexto, desde la Asociación de Taxis Unidos de Río Grande (ATURG), su referente Griselda Fuentes exigió al Estado local medidas urgentes para resguardar la fuente de trabajo de decenas de familias.

Uno de los reclamos centrales de los trabajadores del volante es la revisión de la normativa vigente que impone un tope de 10 años de antigüedad a los vehículos que prestan servicio como taxi. La propuesta impulsada por ATURG busca extender ese límite a 14 años, debido a que, según explican, el contexto económico actual impide a muchos choferes renovar sus unidades. “Muchos compañeros están al borde de quedar fuera del sistema por no poder cambiar su auto. El costo es altísimo y la situación es desesperante”, advirtió Fuentes.

Además del pedido de prórroga, el sector solicita que se contemple la fecha de patentamiento de los vehículos en lugar de su año de fabricación. Esta modificación permitiría que unidades recientemente puestas en circulación no sean descartadas por una diferencia administrativa. “Eso sería un alivio para el bolsillo del trabajador”, argumentó la dirigente.

La problemática se agrava con la proliferación de servicios informales de transporte, muchos de los cuales operan mediante redes sociales y grupos de mensajería. Según Fuentes, se trata de vehículos sin seguro obligatorio, sin revisión técnica y sin los mínimos requerimientos para garantizar la seguridad de los pasajeros. “Estamos en una lucha permanente. Hacemos las denuncias y el Municipio responde con controles, pero el fenómeno crece”, alertó.

En cuanto a las propuestas para modificar la ordenanza vigente, la Asociación sostuvo que mantiene desde hace meses una mesa de trabajo junto a concejales y funcionarios municipales. Esperan que en breve se aprueben los cambios solicitados, que no solo permitirán sostener puestos de trabajo, sino también mejorar la calidad del servicio.

La llegada del invierno representa un incremento en la demanda, pero también nuevos desafíos. “Cuando nieva, los que no tienen cubiertas con clavos no salen, y entonces recurren a nosotros. Pero no podemos cubrir toda la ciudad con tarifas congeladas y costos que aumentan”, afirmó la representante gremial, haciendo énfasis en la necesidad de una actualización tarifaria.

Para finalizar, Fuentes advirtió que el sector atraviesa una etapa límite: “El transporte legal está en riesgo si no hay voluntad política para acompañar. Hoy resistimos como podemos, pero necesitamos una normativa que garantice sustentabilidad y condiciones dignas para seguir trabajando”.