El conflicto de la empresa Ayres del Sur terminó de poner en primer plano una preocupación que venía creciendo en silencio: la pérdida de empleo formal y el freno de la actividad en Tierra del Fuego. En diálogo con FM La Isla, la ministra Castiglione aseguró que, al comparar enero de 2026 con diciembre de 2023, “la provincia perdió alrededor de 6.100 puestos de trabajo registrados”, y señaló que el escenario se completa con suspensiones en distintos rubros y una caída del consumo que impacta directo en la producción local.
Para la funcionaria, el caso Ayres del Sur funciona como disparador, pero no como único problema. Describió un esquema industrial presionado por la baja de aranceles, la retracción del mercado interno y un contexto macroeconómico que “atraviesa a todos”, desde las empresas hasta los trabajadores y el Estado.
Un conflicto que se endureció: salarios incompletos y audiencias sin respuesta
Según relató Castiglione, el conflicto se desató cuando el personal cobró apenas el 25% de su sueldo y comenzó a denunciar deudas adicionales. A partir de allí, el Ministerio de Trabajo convocó a audiencias para sostener una instancia de negociación, pero la respuesta empresarial fue, de acuerdo a su descripción, irregular y sin interlocutores válidos.La ministra mencionó que se encontraron con cambios internos no informados, ausencia de directivos con capacidad de decisión y presentaciones judiciales que, a su entender, terminaron dilatando definiciones. En paralelo, la empresa avanzó con un pedido de quiebra, mientras —según la funcionaria— evitó acatar la conciliación obligatoria.
Conciliación obligatoria sin efecto y un límite para la provincia
Castiglione remarcó que la conciliación no es un trámite menor: es la herramienta administrativa para frenar despidos y sostener la paz social mientras se intenta un acuerdo. Sin embargo, planteó que el mecanismo pierde fuerza cuando quienes deben presentarse no tienen poder real para resolver, y cuando los responsables no se encuentran en la provincia.En ese marco, sostuvo que, aunque existe la posibilidad de compulsión mediante fuerza pública, la medida se vuelve inútil si los que comparecen no pueden tomar decisiones. Con esa combinación, advirtió, la instancia administrativa queda cerca de agotarse y el conflicto se encamina a la vía judicial, donde los tiempos suelen extenderse.
Directorio cambiado y autoridades sin identificación
Otro punto que la ministra expuso es la falta de información sobre las nuevas autoridades de la empresa. Indicó que Ayres del Sur habría modificado su directorio entre octubre y noviembre del año pasado, pero sin comunicar formalmente quiénes asumieron el control. Incluso afirmó que esa ausencia de datos se repite en otras áreas del Estado, lo que dificulta cualquier negociación concreta.Agregó además que el representante legal en la provincia presentó escritos en sede judicial, incluyendo un intento para que se avale un plan de producción y pago de salarios, aunque esa iniciativa finalmente no avanzó.
La duda de fondo: quiebra real o posible vaciamiento
Sin afirmarlo de manera tajante, Castiglione señaló que la provincia ya atravesó experiencias similares y que la diferencia entre una quiebra genuina y un vaciamiento puede ser “muy finita”. Recordó antecedentes donde los trabajadores ocuparon plantas para resguardar bienes ante el temor de maniobras de desmantelamiento.De todos modos, subrayó que el margen de acción del Ejecutivo provincial es acotado: las herramientas están fijadas por ley y cualquier medida de fondo, en un escenario como este, termina dependiendo del Poder Judicial.
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