El crecimiento de los remates judiciales de automotores comenzó a reflejar con crudeza el deterioro económico que atraviesan numerosas familias de Río Grande. El martillero público Raúl Di Natale señaló que, si bien este tipo de procedimientos existe desde hace años, en los últimos meses la cantidad de vehículos que llegan a subasta se incrementó de manera notoria.

Según explicó en declaraciones a FM La Isla, la mayoría de los remates actuales está vinculada con autos y camionetas. Otros bienes casi no aparecen dentro de este movimiento, lo que marca un cambio visible en la actividad judicial y comercial. Para el profesional, detrás de cada unidad que termina en remate hay una historia de endeudamiento, pérdida de ingresos o imposibilidad de sostener cuotas cada vez más altas.

Uno de los factores que mencionó está relacionado con personas que compraron vehículos para trabajar con aplicaciones de transporte, principalmente Uber. En muchos casos, dijo, se trató de operaciones realizadas con créditos costosos, entregas mínimas o directamente sin entrega inicial, pero con cuotas que luego superaron ampliamente la capacidad real de pago. En ese contexto, varios propietarios terminaron optando por entregar voluntariamente el vehículo o dejaron de abonar las cuotas.

Di Natale remarcó que la situación no se explica únicamente por ese fenómeno, sino también por la caída del empleo, las suspensiones en fábricas, los cierres de empresas y la pérdida del poder adquisitivo. Señaló que muchas familias intentaron encontrar una salida económica mediante la compra de un auto, pero terminaron atrapadas en compromisos financieros imposibles de cumplir.

Al comparar el panorama local con el de Ushuaia, el martillero sostuvo que Río Grande atraviesa una realidad mucho más golpeada. Afirmó que la actividad económica se encuentra más resentida y que, en sus cuatro décadas viviendo en Tierra del Fuego, pocas veces observó un escenario tan complejo como el actual.

La mayor cantidad de remates también genera una paradoja dentro del propio oficio. Di Natale reconoció que los martilleros suelen tener más trabajo en momentos de crisis, aunque aclaró que esa actividad surge de situaciones dolorosas para quienes pierden un bien. En muchos casos, se trata de familias que compraron un vehículo cuando tenían dos ingresos y luego, ante suspensiones o desempleo, ya no pudieron sostener los pagos.

El profesional también se refirió al ejercicio de la actividad en la provincia. Indicó que, aunque en Río Grande existen entre 70 y 80 martilleros matriculados, son muy pocos los que trabajan de manera exclusiva en remates judiciales. Muchos terminan vinculados al rubro inmobiliario, mientras que las subastas quedan concentradas en un grupo reducido.

Para Di Natale, el problema excede a quienes pierden un auto y alcanza a toda la sociedad. Mencionó casos de familias que debieron volver a vivir con sus padres o compartir alquileres para reducir gastos. Sobre el futuro inmediato, sostuvo que no observa señales claras de mejora y expresó preocupación por la continuidad de una crisis que sigue golpeando el bolsillo y la estabilidad de los vecinos.