Una grave denuncia por estafa involucra a una supuesta financiera de Río Grande que operaba sin habilitación municipal ni del Banco Central de la República Argentina. El abogado Francisco Giménez, en diálogo con Fm del Pueblo explicó que su clienta —una mujer en situación de vulnerabilidad— recurrió a esta entidad en busca de un préstamo y terminó perdiendo todo.

“La víctima solicitó un crédito de $150.000, el cual debía devolver en cuatro cuotas de $80.000, lo que ya representaba intereses usureros de por sí. A pesar de haber abonado la mitad, un día le llegó una notificación judicial y le secuestraron su único automóvil, que luego fue rematado”, relató el letrado.

Al revisar el expediente, detectaron que el pagaré originalmente firmado en blanco había sido completado con un monto de más de $810.000, y que la deuda había escalado inexplicablemente a más de $4 millones. “Hay una clara maniobra de estafa. Se utilizó la firma en blanco para colocar montos irregulares y abusivos”, aseguró Giménez.

La financiera en cuestión, conocida como Prendacheck, no contaría con ningún tipo de autorización legal para operar. “Ni siquiera tiene habilitación municipal, menos aún del Banco Central. Funciona como una cueva en un local sin identificación, que según vecinos compartiría espacio con una rotisería en el primer piso”, describió el abogado.

Tras la denuncia inicial, que había sido rechazada por tratarse supuestamente de una “cuestión civil”, la Cámara hizo lugar al planteo considerando la vulnerabilidad de la víctima. Recientemente se ordenó el allanamiento del local y se secuestró documentación que respalda la versión de la denunciante.

“La mujer presentó comprobantes de transferencia y recibos firmados por $150.000, por lo que no hay forma de justificar los más de $4 millones que se le exigieron. Estamos frente a una organización que estafa a personas en desesperación, abusando de su situación emocional y económica”, afirmó Giménez.

Además, reveló que esta no sería una situación aislada. “Según registros judiciales, hay más de cien ejecuciones iniciadas por esta financiera en nuestra ciudad. Hacemos un llamado a las víctimas para que no se resignen y consulten con su abogado de confianza”, instó.

Los responsables de la financiera, identificados como padre e hijo de apellido Quintieri, ya fueron notificados judicialmente. “La Justicia penal deberá ahora avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades. También el Banco Central debería intervenir, porque estas cuevas operan fuera de toda legalidad y representan un peligro social en tiempos de crisis”, concluyó el abogado.

La víctima no ha podido recuperar su vehículo y actualmente se traslada a pie o en transporte público. El caso expone la necesidad urgente de controlar este tipo de actividades ilegales que, bajo la fachada de ayuda financiera, ocultan prácticas usureras y estafas masivas.