El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) inició un operativo de relevamiento en un complejo habitacional construido para afiliados de ATE, luego de que se detectaran publicaciones en redes sociales donde se ofrecían estas viviendas a la venta, a pesar de que aún no han sido abonadas por sus adjudicatarios. La presidenta del organismo, la arquitecta Laura Montes, confirmó que algunas personas que habitan las unidades no son los adjudicatarios originales.

Durante el fin de semana se realizaron visitas sin previo aviso, y el lunes se completaron los relevamientos. Montes detalló que de las 120 viviendas inspeccionadas, solo 50 propietarios recibieron al personal del IPV, y en cuatro casos se constató que quienes ocupan las unidades no son los adjudicatarios legales. “Hay 70 viviendas que no respondieron, lo cual nos llama la atención porque esperábamos un número menor de irregularidades”, sostuvo la funcionaria.

La operatoria en cuestión corresponde a un fideicomiso gestionado por ATE y el IPV, que permitió la construcción de viviendas entregadas en octubre de 2021. Tras la disolución del fideicomiso ante la IGJ, el IPV asumió la tarea de regularizar los contratos, que nunca llegaron a firmarse de forma definitiva. “Las cuotas no se cobraron hasta el día de hoy. Ahora corresponde que cada adjudicatario firme contrato con el IPV y empiece a pagar su vivienda como cualquier otro beneficiario”, explicó Montes.

Sobre la aparición de ventas en grupos cerrados de redes sociales, la funcionaria aseguró que se trata de maniobras ilegales: “Están cometiendo una estafa. Le pedí al área legal que se contacte con quienes intentan vender estas propiedades, porque no son los dueños legales. No podemos intervenir directamente en redes privadas, pero ya se les advirtió sobre las consecuencias jurídicas”.

En ese marco, Montes confirmó que mantendrá una reunión con representantes de ATE para avanzar en la regularización de los contratos y coordinar la identificación de casos irregulares. “ATE está al tanto y conforme con cómo estamos trabajando. Les pediremos que informen con sentido común quiénes realmente habitan las viviendas y quiénes no. A partir de ahí, se propondrán nuevos adjudicatarios si corresponde”.

El IPV también está en contacto con la Cooperativa Eléctrica para obtener datos sobre el consumo en las viviendas y corroborar la ocupación efectiva. “No buscamos generalizar ni criminalizar a todos. Sabemos que muchas familias sí necesitan estas viviendas y cumplen. Con ellos vamos a avanzar en la firma de contratos y la recuperación de los fondos invertidos”, subrayó.

Las viviendas en cuestión son dúplex de 65 metros cuadrados con lote propio, valuadas en unos 80 millones de pesos a precio actualizado, sin contar el valor del terreno que debe definir la Municipalidad. Montes recordó que se trata de viviendas sociales, financiadas con fondos públicos, por lo que el objetivo es recuperar la inversión y asegurar que las casas lleguen a quienes realmente las necesitan.

Por último, la presidenta del IPV advirtió que el organismo cuenta con antecedentes legales sólidos en casos de desalojo por ocupación irregular. “Tenemos juicios ganados, convenios de desocupación firmados y jurisprudencia firme. Somos conscientes de la realidad social, pero no vamos a permitir la comercialización ilegal de viviendas sociales ni la ocupación sin derecho”, concluyó.