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Río Grande

"El derecho a la educación, no priva a la persona de su situación procesal"

El ciclo lectivo 2025 comenzó en la Unidad de Detención N°1, donde las personas privadas de su libertad tienen la posibilidad de acceder a distintos niveles educativos. Desde el nivel primario hasta la universidad, la educación se convierte en una herramienta clave para la reinserción social.

El suboficial Leonardo Miranda, encargado de la división de educación en la unidad, dialogó con Radio Fueguina y destacó la importancia del inicio de clases y brindó detalles sobre la oferta académica de este año. "El 24 de febrero iniciamos el ciclo lectivo con el curso nivelatoria del nivel terciario del ISTEC, para las carreras de Comunicación Social y Administración de Empresas. También retomamos las clases de nivel primario, secundario y los cursos de formación de Alas de Libertad, que este año incluyen informática, horticultura y electricidad", explicó.

En la unidad de detención, los internos acceden a distintos formatos de enseñanza. Los niveles primario, secundario y terciario se cursan de manera presencial, con profesores que dictan clases dentro del penal. Por otro lado, los estudios universitarios se realizan a distancia.

"Para el nivel universitario, los internos estudian con la Universidad Siglo XXI y la Universidad Nacional de Buenos Aires, en modalidad virtual. Actualmente, tenemos diez internos cursando carreras universitarias y algunos están próximos a recibirse", indicó Miranda.

Uno de los hitos de este año es el primer abogado egresado dentro del sistema carcelario fueguino. "Es la primera vez en la historia de la provincia que una persona ingresa a la cárcel y dentro del sistema carcelario logra graduarse", afirmó el suboficial.

Sin embargo, el caso plantea un desafío: este abogado no puede ejercer su profesión debido a su condición de detenido. "Hemos trabajado con jueces y abogados para ver de qué manera se puede resolver esto. Incluso tuvimos la visita del presidente del Colegio de Abogados, Hernán Uribe, para analizar la situación", explicó.

A pesar de las dificultades, Miranda considera que este caso es un ejemplo para otros internos: "Muchos no quieren estudiar porque sienten que no tiene sentido, pero cuando ven que otros logran títulos y avances, empiezan a cambiar su visión. El conocimiento es un logro personal que nadie les puede quitar", sostuvo.

La educación en la Unidad de Detención N°1 enfrenta grandes desafíos. Uno de los principales problemas es la sobrepoblación. Según detalló Miranda, actualmente hay entre 160 y 170 internos, cuando el penal fue diseñado para 64 plazas.

"Se fueron adaptando lugares, pero siempre es una cuestión de seguridad. Desde 2017, hubo una modificación en la legislación que impide que personas con delitos graves accedan a beneficios, lo que significa que muchos internos deben cumplir su pena completa, sin posibilidad de reducciones", explicó el suboficial.

A pesar de esto, la educación sigue siendo un derecho garantizado para todos. "No importa la situación procesal, la pena, la raza o la religión, todos tienen derecho a estudiar. Apenas ingresan, se les ofrece la posibilidad de continuar su formación", indicó.

Otro de los desafíos es la falta de recursos tecnológicos. Mientras que en el exterior los estudiantes pueden optar por formatos digitales, en el penal los internos no tienen acceso a teléfonos celulares, por lo que dependen de fotocopias y material impreso.

"La educación en contexto de encierro es un trabajo constante. Este año hemos logrado asignar un docente específico para el programa de alfabetización, lo que nos permite dar mayor acompañamiento a quienes lo necesitan", explicó Miranda.

El suboficial destacó la necesidad de seguir trabajando en dos aspectos clave: permitir que los internos que se gradúan puedan ejercer su profesión, aunque sea desde la unidad, y mejorar las condiciones edilicias debido a la sobrepoblación.

"El caso del abogado graduado demuestra que se pueden lograr grandes avances, pero también deja en evidencia que hay que hacer cambios para que puedan ejercer. Las leyes deben adaptarse a estas nuevas realidades", señaló.

Además, la situación edilicia sigue siendo preocupante. "El penal fue construido para 64 personas y hoy hay casi 170. Es algo que se debe trabajar porque las condiciones no son las ideales", reconoció.

Por último, Miranda valoró el impacto que tiene la educación en los internos: "Más allá de los problemas, el estudio les permite mantener la mente activa y construir un futuro mejor. Nosotros seguiremos trabajando para que eso sea posible".

La educación en la cárcel es una herramienta de transformación social, pero aún quedan desafíos por resolver. Mientras tanto, los internos que eligen estudiar siguen demostrando que, incluso en un contexto de encierro,la educación puede abrir puertas.

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