Ante el derrumbe comercial de Garbarino, la empresa sigue sin comunicarle soluciones a los miles de trabajadores en todo el país, afectados por los despidos y el cierre de los locales. Cabe señalar, que el proceso judicial que se le sigue a la compañía, aún encabezada por Carlos Rosales, la semana pasada en una audiencia se expuso que el número de empleados despedidos o considerados de esa forma suman casi un total de 2.800 y la deuda acumulada de la empresa abarca un total de $20.000.000.000, por lo cual, propuso la venta de plantas industriales en el Sur para reducir los montos a pagar.

Según el testimonio del cuerpo de delegados de los empleados de Garbarino, se estima que Carlos Rosales cerró cerca de 200 locales en todo el país, pero aún mantiene en funcionamiento cinco sucursales e incluso, señalan que acaban de abrir un nuevo punto de ventas en el Parque Avellaneda Shopping.

Asimismo, los cesanteados de la empresa, remarcan que se detectaron situaciones que atestiguan "desvíos de fondos de la recaudación" y denuncian una "facturación a nombre de otras personas y empresas”, haciendo que el dinero nunca llegue a los trabajadores. Debido a esta situación, en su gran mayoría, los ex trabajadores de la firma sobreviven a fuerza de changas y trabajos que son muy mal pagos.

Agregando que "la mayoría hace trabajos eventuales, changas, para poder sostener la comida de sus familias. De los despedidos muy pocos pudieron reinsertarse en el mercado laboral”, señalando que “Rosales, mientras tanto, fue a la audiencia acompañado por una patota del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) para amedrentar a los compañeros despedidos que reclaman una solución".

A su vez, detalló una situación que vivió cuando Rosales salió del juzgado "recibió una larga lista de insultos. El juez Fernando D'Alessandro, desestimó la propuesta del empresario de vender las fábricas que todavía posee en el Sur para afrontar las deudas que tiene. El juez consideró que los montos que propone Rosales para la venta son muy bajos".

Los representantes de los trabajadores que estuvieron presentes en la audiencia, indicaron que Rosales propuso desprenderse de las firmas Digital Fueguina y Tecnosur, ambas instaladas en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, por un monto cercano a los $6.000.000.

Por lo cual, los delegados manifestaron que "Se descartó la propuesta por el precio, que es insuficiente y también se rechazó el objetivo que se le iba a dar a ese dinero. Rosales pretendía pagar parte de la deuda de los trabajadores con el 50% de esos $6.000.000. La realidad es que en lugar de esa cantidad se necesitan casi $$10.000.000 para saldar la deuda y establecer inversiones para volver a hacer crecer la empresa".

En ese marco, la cercanía de la feria judicial demorará cualquier definición hasta la primera parte de 2023 y de acuerdo a lo que expuso la síndica Susana Paz, Garbarino redujo su plantel en 2.800 trabajadores en el último año y medio, entre despedidos y personas que renunciaron.

Según los datos oficiales cargados en la base de deudores en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cadena de firma Garbarino en septiembre de este año acumulaba un total de 3.827 cheques rechazados por un monto total de $5.910.000.000.