Marcos Linares, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, expresó en una entrevista con Radio Provincia que el escenario es preocupante y que la organización sindical ya lleva adelante una serie de acciones para intentar frenar lo que podría convertirse en una tragedia laboral y económica para la provincia.

“Esto ya no es una amenaza, es un hecho. El decreto está vigente y plantea la baja de aranceles del 8 al 0% para la importación de electrónicos a partir del 15 de enero. Si esto se aplica sin medidas compensatorias, haría inviable la producción de una parte importante de los celulares que se fabrican hoy en Tierra del Fuego”, señaló Linares.

A modo de respuesta, la UOM impulsó un paro de diez días en mayo y logró abrir un espacio de negociación con la conformación de una mesa técnica integrada por representantes sindicales, empresarios y funcionarios de los gobiernos provincial y nacional. Sin embargo, tras tres reuniones, no se ha logrado aún una solución concreta que garantice la continuidad laboral más allá del 31 de diciembre.

“Lo que hicimos fue interpretar como una posibilidad concreta estas mesas de discusión. Pero lejos está de nuestra intención esperar hasta el último día para ver si existe alguna salida”, advirtió Linares, quien también remarcó la falta de señales claras del Gobierno Nacional respecto a una política industrial. “Desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, el presidente Milei no ha nombrado la palabra 'industria' en ninguna de sus intervenciones”, denunció.

La organización gremial sostiene tres ejes como irrenunciables: defensa de la industria nacional, de los puestos de trabajo y de la soberanía. En ese sentido, reclaman que se deje sin efecto el segundo tramo del decreto o, en su defecto, se prorrogue su implementación por al menos seis meses para permitir una evaluación seria de las alternativas.

“El contexto es durísimo. Hoy no nos sobran 10 pesos para comprar dólares; nos faltan 10 días para llegar a fin de mes. El consumo se ha desplomado porque la gente no puede ni siquiera garantizar lo más básico, como la comida”, graficó el dirigente metalúrgico.

Además, Linares cuestionó duramente el accionar del ministro Federico Sturzenegger, a quien responsabiliza por decisiones que “abren las importaciones y destrozan cada uno de los sectores industriales del país”, y recordó el antecedente de 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri: “Se prometió que bajarían los precios de los productos electrónicos y hoy una notebook sigue siendo inaccesible para un trabajador”.

El temor no sólo alcanza a los empleados de las plantas. El impacto económico podría ser devastador para toda la sociedad fueguina, dada la centralidad que tiene la industria electrónica en la economía provincial. La propia UOM admite que, de aplicarse esta política, muchas empresas dejarán de producir para convertirse en importadoras, debido a que tienen la propiedad de las licencias de las marcas.

“Estamos en un proceso de concientización con los trabajadores y con la sociedad. Si al cumplirse los 30 días de negociación no hay avances, vamos a analizar nuevas acciones. No descartamos ninguna”, aseguró Linares, quien además destacó la unidad con la seccional de la UOM Ushuaia y el apoyo constante del Secretariado Nacional.

Finalmente, dejó un mensaje claro: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados hasta el 31 de diciembre para que nos metan la cabeza en una guillotina. La industria es fundamental, y nuestra defensa no es caprichosa. Es una causa que compartimos con la inmensa mayoría del pueblo fueguino”.

La preocupación está instalada y el reloj corre. Río Grande enfrenta un desafío histórico en defensa de su identidad industrial y del sustento de miles de familias.