El Colegio Médico Veterinario de Tierra del Fuego informó que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Deliberante de Río Grande, que establece la obligatoriedad de guardias médicas veterinarias permanentes en la ciudad. La normativa, impulsada en respuesta a reclamos sociales, generó fuerte rechazo entre los profesionales del sector.

Francisco Ibarra, abogado del Colegio, explicó que la medida viola principios constitucionales al imponer obligaciones personales a profesionales independientes sin respaldo legal adecuado. “Un Concejo Deliberante no puede imponer sanciones ni obligaciones directas a profesionales matriculados en una entidad creada por ley provincial. Se trata de una intromisión indebida en materia regulada a nivel nacional”, afirmó en declaraciones a Radio Noticias 97.

Desde la institución consideran que, aunque reconocen la importancia de contar con atención veterinaria 24/7, la ordenanza carga injustamente sobre los hombros de los veterinarios una obligación que corresponde al Estado. “Si es un servicio esencial, debe garantizarse con recursos públicos. No se puede imponer una carga privada sin respaldo del Estado”, expresó Ibarra.

El letrado hizo hincapié en que el mantenimiento de una guardia veterinaria implica costos operativos —como infraestructura, personal y turnos rotativos— que no pueden ser sostenidos de manera individual. “Sería tan ilógico como exigir que un abogado atienda urgencias legales las 24 horas sin apoyo económico ni organizativo”, comparó.

El Colegio ya se encuentra trabajando en una presentación legal ante el Municipio. En caso de ser rechazada, se prevé elevar el recurso al Superior Tribunal de Justicia. Además, se evalúa acudir al Juzgado Correccional si el gobierno local intenta aplicar multas, que según la ordenanza podrían llegar a 500 unidades económicas por incumplimiento.

Ibarra sostuvo que existen antecedentes jurisprudenciales que refuerzan su posición. “El artículo 14 de la Constitución protege el derecho a ejercer libremente una profesión. No se puede obligar a un veterinario a sostener un sistema de emergencias sin una ley nacional que lo establezca y financie”, concluyó.

Mientras tanto, la medida sigue generando debate entre profesionales del sector, autoridades municipales y vecinos que reclaman soluciones efectivas para garantizar la atención de urgencias veterinarias.