Un informe remitido por el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) a la Legislatura provincial expuso el impacto económico generado tras la condena judicial vinculada a Casino Status, una situación que obligó al organismo a recibir asistencia financiera del Gobierno para afrontar pagos millonarios y que actualmente mantiene una deuda superior a los 4 mil millones de pesos con la Provincia.

La información fue enviada en respuesta a un pedido legislativo y detalla los montos abonados a la firma Status SRL y a su representante legal, Demetrio Martinelli, en cumplimiento de una resolución del Superior Tribunal de Justicia derivada de una causa iniciada por la empresa contra el organismo provincial.

El conflicto se originó luego de que el IPRA fuera declarado responsable por pérdidas económicas atribuidas a una desigual habilitación de máquinas tragamonedas. Inicialmente, la liquidación judicial había sido fijada en $2.192.157.658,92, aunque el paso del tiempo y los incumplimientos posteriores generaron una actualización por intereses que elevó la suma hasta los $2.837.777.179,70.

A ello se sumaron honorarios profesionales por $1.300.308.393,98 correspondientes al abogado Demetrio Martinelli, monto que, según el informe, ya fue cancelado en su totalidad.

El documento precisa que tanto las indemnizaciones como los honorarios pudieron ser afrontados mediante distintas asistencias financieras otorgadas por el Ejecutivo provincial. Sin embargo, el costo de esas ayudas derivó en un fuerte pasivo para el organismo. Según el detalle presentado, al 16 de abril de 2026 el IPRA mantiene una deuda con la Provincia de $4.072.086.522.

La información también indica que el instituto continúa afrontando obligaciones económicas vinculadas al expediente judicial, entre ellas el pago de tasas por un total de $338.367.260,32, acordadas en un plan de 48 cuotas mensuales. Hasta el momento, el organismo habría cancelado 13 pagos.

El informe además revela que parte del acuerdo alcanzado con Casino Status no se limitó a transferencias económicas, sino que incluyó beneficios considerados como compensaciones equivalentes a un porcentaje de la indemnización. Entre ellos aparecen prórrogas de concesiones, permisos vinculados a plataformas de casino virtual y apuestas deportivas, además de autorizaciones para explotar terminales de Video Lotería (VLT) durante un período determinado.

Por otro lado, el documento incorporó datos sobre la situación financiera actual del organismo. Al 16 de abril de este año, el IPRA registró ingresos por $3.348 millones y gastos por $3.332 millones, lo que dejó un resultado operativo cercano a los 16 millones de pesos.

La exposición de estos números volvió a poner el foco sobre el impacto financiero que tuvo la causa judicial para el instituto provincial y sobre las consecuencias económicas que aún continúan afectando sus cuentas.