La reciente detención de Nicolás Maduro volvió a poner en el centro del debate internacional la situación política y humanitaria de Venezuela. En ese contexto, Florgeipsa Moreno Nazareth, ciudadana venezolana residente en Río Grande, brindó un testimonio en el que expuso el impacto cotidiano de más de dos décadas de autoritarismo, violencia y restricciones a las libertades fundamentales.

Moreno Nazareth vive en Argentina desde hace ocho años, mientras que gran parte de su familia permanece en Venezuela, en la provincia de Anzoátegui. Si bien se trata de una zona alejada de Caracas, sostuvo que eso no garantiza seguridad. “En el interior puede haber una aparente calma, pero el miedo sigue presente. Las amenazas existen, aunque sean más silenciosas”, expresó.

Uno de los aspectos más graves que describió fue la imposibilidad de mantener una comunicación libre con sus familiares. Según relató, el temor a represalias condiciona incluso las conversaciones privadas. “No puedo hablar de manera literal con mi mamá por videollamada o mensajes. Si le revisan el teléfono, podría ser detenida o secuestrada. Esa es la dimensión real del control que se vive”, afirmó.

Durante su etapa como estudiante universitaria en Caracas, fue testigo directo de protestas, represión policial y violencia en la vía pública. Recordó episodios atravesados por gases lacrimógenos, enfrentamientos y la presencia de grupos armados en zonas urbanas.

También se refirió a las denominadas “guarimbas”, barricadas que levantaban vecinos para impedir el ingreso de grupos parapoliciales a determinados barrios. “Era una forma de intentar protegerse. Podías encontrarte con una barrera de fuego o con motorizados armados cuando simplemente intentabas volver a tu casa”, relató.

Como artista, señaló que la falta de libertad de expresión fue uno de los factores determinantes para abandonar el país. Explicó que cualquier forma de reflexión o manifestación artística podía implicar cárcel o poner en riesgo a la familia, lo que hacía imposible proyectar un futuro.

Recordó especialmente el período comprendido entre 2016 y 2018, marcado por la profundización de la crisis económica y social. “Conseguir alimentos básicos como café, azúcar o manteca podía llevar todo el día. No había forma de progresar”, indicó.

Para poder emigrar, su familia debió vender piezas de oro heredadas, un hecho que definió como profundamente simbólico. “Fue la manera que tuvieron mi mamá y mi abuela de ayudarme a salir del país y sobrevivir”, señaló.

Sobre la actualidad venezolana, describió un país fragmentado, donde una minoría vinculada al poder político accede a bienes, servicios y consumo, mientras la mayoría de la población sobrevive con salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

A pesar de ese escenario, destacó la resiliencia del pueblo venezolano y el uso del humor como herramienta de resistencia cotidiana. “No porque no se entienda la gravedad de lo que pasa, sino porque es una forma de seguir adelante”, explicó.

Para gran parte de la comunidad venezolana, la detención de Maduro representa un hecho de alto impacto simbólico. “Significa que, aunque tarde, la justicia existe. Es un respiro después de 26 años de represión, presos políticos y violaciones a los derechos humanos”, afirmó.

No obstante, advirtió que el proceso recién comienza y que las secuelas sociales y psicológicas son profundas, tanto dentro como fuera del país.

Consultada sobre un eventual regreso de quienes emigraron, sostuvo que se trata de una decisión estrictamente personal. Reivindicó a la Argentina como un país históricamente abierto a la inmigración y remarcó que nadie debería ser presionado a volver.

“Cada persona decide cuándo, cómo y por qué. Antes de preguntar si alguien va a regresar, lo primero debería ser la empatía”, concluyó.