Las esposas de policías retirados territoriales tomaron la palabra para visibilizar la situación que atraviesan sus familias, luego de quedar excluidos del cobro de haberes previsionales. La decisión de que fueran ellas quienes hablaran respondió al temor de que los retirados puedan recibir sanciones si se expresan públicamente.

Una de ellas resumió el malestar que atraviesan: “En una incertidumbre total, porque no sabés cómo enfrentar las cuentas que tenés que pagar”. Otra mujer agregó: “Una discriminación total. Nos sentimos discriminadas, nos sentimos como mujeres violentadas y económicamente, porque todas tenemos que llevar adelante a nuestras familias. De golpe y porrazo te encontrás que de hoy para mañana no tenés el dinero para poder enfrentar las cuotas básicas”.

La preocupación se acentúa con el paso de los días. “No imaginamos nunca que hoy íbamos a estar pasando esta situación. Estamos preocupados porque ya van a ser dos meses, no tenemos el dinero que tenemos que tener en la casa. Yo soy diabética, tengo que comprar medicación, y mi marido, policía retirado, está con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Hoy no tengo la plata ni los medios para pagarlo”, expresó otra de las mujeres.

Este martes se realizó una reunión en el Centro de Retirados de la Policía en Río Grande, que contó también con la presencia de compañeros llegados desde Ushuaia. Durante el encuentro se plantearon las acciones legales a seguir y se compartió información sobre los reclamos ya presentados.

Uno de los asistentes explicó: “Sabemos que hubo un grupo de gente que ya hizo presentaciones judiciales y ahora estamos viendo qué otras acciones se tienen que tomar”.

El carácter alimentario del reclamo es un punto central. “Exactamente, todos son sostén de familia acá. Tanto las pensionadas como las no pensionadas”, remarcaron. Según precisaron, son unos 500 los retirados territoriales afectados.

Los retirados cuestionaron la falta de previsión de las autoridades de la Caja: “El directorio de la caja ya estaba en conocimiento de esto, lo manifiestan en la resolución del primero de agosto, que ya venía mal desde la época de la ley 834. Tenían que haber tomado medidas para no llegar a este punto de no cobrar absolutamente nada”.

También denunciaron desigualdad en el trato: “Es discriminatorio, porque al personal de origen provincial se le está pagando. El personal que está en la caja está cobrando sueldo, aparte del haber de retiro tienen el que paga la misma caja, que son nuestros fondos”.

Más allá del malestar, aclararon que no buscan confrontar con la institución policial: “No estamos en contra de las autoridades ni quebrando ningún principio de disciplina. Nosotros somos retirados y respetamos plenamente la normativa vigente. De ninguna manera el personal retirado es un obstáculo para que la policía cumpla su función”.

El comisario retirado Vargas, exjefe de la Policía provincial, coincidió en que se trata de un reclamo justo y que debe encauzarse legalmente. Subrayó la necesidad de un recurso de amparo de carácter alimentario para garantizar la prioridad de cobro.

Finalmente, los afectados exigieron respuestas claras de la Caja: “Sería muy bueno que los directores vengan, den la cara y nos expliquen qué pasó en tantos años. Necesitaríamos que hagan honor a la carrera que hicieron y nos expliquen por qué no se tomaron medidas si ya sabían que había un desequilibrio fiscal”.