La representante legal del Municipio de Rio Grande, Valeria Capotorto, presentó una denuncia ante la Fiscalía por un delito de defraudación de una tarjeta de crédito a nombre del Dr. Gonzalo Ferro, actual secretario de Gestión Ciudadana, con gastos personales que habremitidos por Cesar Segovia.

“Nuestra función fue avisarle a la Fiscalía y ellos se encargarán de determinar el delito que se ha cometido, básicamente, lo que sucedió es que me ponen en alerta del uso indebido por parte de un trabajador municipal, de una tarjeta de crédito corporativa a nombre de Gonzalo Ferro y que tenía gastos autorizados por resolución y otros que extralimitan esta”.

Aseguró, que “se hicieron averiguaciones internas, recorrí los comercios y pude extraer el nombre del responsable y frente a esto se iniciaron las actuaciones internas en el marco de una investigación sumaria y la denuncia penal”.

Por otro lado, “los gastos están determinados en algo más de $3.700.000, son formulados de manera personal por este trabajador y tampoco están relacionados con las tareas que él debe realizar. Estos han sido presentados en la Fiscalía junto a un detalle pormenorizado de los resúmenes, montos y comprobantes”. Se llevó a cabo una investigación desde el primer empleo indebido de la tarjeta hasta el último.

Se lograron dar cuenta, a raíz de que “existe una resolución que autoriza la utilización de esta tarjeta para efectuar determinadas operaciones que no se puede hacer por otro tipo de modalidad, entonces, cuando identificamos que había gastos que estaban por fuera de la resolución, se tomaron como indebidos. El Dr. Gonzalo Ferro desconoce estos movimientos como propios y a partir de ese desconocimiento se articulan los mecanismos internos para determinar el nombre y apellido de la persona, luego de investigaciones”.

Cabe señalar que esta tarjeta VISA debía utilizarse para abonar los servicios de publicidad en redes sociales, pero con la misma realizaron la compra de pasajes aéreos, compras en Claro, Apple, electrodomésticos, mercadería, electrónica, entre otros.

Dicho trabajador se desempeñaba como Director de Juventudes, no se encontraba en estado de planta permanente, es decir, estaba en modalidad de contratado, “por lo que en uso de las facultades del intendente procedió a la rescisión contractual, después de llevar a cabo la denuncia penal. En inicio de las actuaciones, se le pide un descargo al trabajador de puño y letra, reconoció sus acciones y explicó como lo había hecho y vulnero la confianza del Dr. Ferro. Además, se comprometió a la devolución de las sumas. Recibí hoy tres constancias que certifican la devolución de $1.700.000”.

Para finalizar preciso que “la mayoría de las compras eran en plataformas web y hay algunas que están determinadas en extrañas jurisdicciones y en días no laborales”.