La controversia por la instalación de un radar en Tolhuin sumó un nuevo capítulo clave luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se declarara competente para intervenir en la causa iniciada por el Municipio contra la empresa LeoLabs Argentina S.R.L. La decisión implica que el expediente pasa al máximo órgano judicial de la provincia, elevando el nivel institucional del conflicto.

La resolución se dio luego de que el juzgado de Tolhuin se declarara incompetente para tratar el caso, al considerar que no se trata de un litigio de carácter civil sino de una cuestión administrativa. A partir de ese planteo, el expediente fue remitido al Superior Tribunal, que ahora asumirá el análisis de fondo.

El proceso judicial tiene como eje una demanda impulsada por el Municipio, que busca el cobro de una multa cercana a los 868 mil pesos más intereses, además de la autorización para avanzar con la demolición de las estructuras instaladas en un predio de la ciudad.

Según se expuso en la presentación, la empresa habría avanzado con obras sin contar con las habilitaciones correspondientes. El conflicto se remonta a agosto de 2023, cuando inspectores detectaron trabajos en el lugar —incluyendo la instalación de antenas y cerramientos— pese a que existía una clausura preventiva vigente.

A partir de esa situación, se inició un proceso administrativo que derivó en la aplicación de una sanción económica y una orden de demolición como medida complementaria. De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo local, esa resolución quedó firme luego de que fuera rechazado el recurso presentado por la firma.

El punto de inflexión se produjo con la judicialización del caso. Al definir que el conflicto debía encuadrarse dentro del derecho administrativo, el juzgado local habilitó su traslado a una instancia superior. Con la aceptación del Superior Tribunal, la causa adquiere ahora una dimensión institucional mayor.

Este cambio no solo implica un nuevo ámbito de decisión, sino que también posiciona el caso dentro de un escenario más amplio, donde se discutirán aspectos vinculados a las competencias municipales, el control estatal y los alcances de la normativa frente a emprendimientos de escala internacional.

En paralelo, la instalación del radar ha generado debate en distintos sectores, más allá del plano estrictamente legal. La discusión involucra cuestiones vinculadas al uso del territorio, la presencia de capitales extranjeros en zonas estratégicas y el rol del Estado en la regulación de este tipo de desarrollos.

Con el expediente en manos del máximo tribunal provincial, se abre una nueva etapa que será determinante. La resolución que se adopte no solo definirá el futuro de la estructura instalada, sino que también podría sentar un precedente relevante para casos similares en la provincia.

En este contexto, el avance de la causa se convierte en un punto central dentro de la agenda pública, en un escenario donde confluyen intereses jurídicos, políticos y estratégicos en torno al control del territorio fueguino.