En medio del debate por la reforma educativa en Tierra del Fuego, se reavivó la discusión sobre las desobligaciones que interrumpen regularmente el dictado de clases en el sistema público provincial. Desde el ámbito legislativo se propuso avanzar con una ley que declare estas acciones como ilegales, al considerar que afectan gravemente el derecho a aprender de niños y adolescentes.

Las interrupciones de actividades escolares, promovidas como parte de medidas de fuerza gremiales, fueron cuestionadas por su frecuencia y por el impacto directo que generan en la continuidad pedagógica. Según se expresó en medios radiales, estas desobligaciones son interpretadas como paros encubiertos, sin marco legal que los respalde.

Desde el sector impulsor de la iniciativa legislativa se señaló que existe una falta de respuesta efectiva por parte del Ejecutivo provincial, lo que –a criterio de quienes promueven la ley– permitiría que la agenda educativa quede sujeta a decisiones gremiales, generando incertidumbre entre estudiantes y familias.

En ese sentido, se planteó la necesidad de establecer por ley que este tipo de medidas se consideren ilegales, con el fin de garantizar la regularidad del calendario escolar y evitar nuevas interrupciones arbitrarias.

La propuesta llega en un contexto de fuerte tensión con el sector docente, en plena discusión paritaria, y en paralelo a los anuncios oficiales sobre una transformación del sistema educativo fueguino. Para quienes respaldan la iniciativa, se trata de una medida urgente para resguardar el derecho a la educación y ordenar institucionalmente el funcionamiento del sistema escolar.