El sistema de inhibiciones previsto para quienes incumplen la cuota alimentaria volvió a quedar en el centro del debate luego de que el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas actualizara el REDAM, la base provincial que expone públicamente a los morosos.

La última nómina, difundida en el Boletín Oficial N.º 5851 del 6 de junio, revela que hoy son 103 las personas impedidas de acceder a contratos y trámites estatales por adeudar alimentos a sus hijos. El padrón sigue dominado por hombres, aunque ya incluye varias mujeres.

En comparación con 2020 —cuando la pandemia mostró un listado de 67— la cantidad de incumplidores creció 53 %. Solo en 2025 se sumaron cuatro nombres: Luis Roberto Figueroa Retamal, Richard Quispe, Guido Gastón Silva y Matías Andrés Silva.

A diferencia de ediciones anteriores, esta vez no se informó la fecha de alta de cada moroso, un dato clave para medir el período de incumplimiento y aplicar sanciones efectivas.

La Ley Provincial 531 exige publicar a quien adeude tres cuotas consecutivas o cinco alternadas (dentro de 24 meses) de pensiones alimentarias fijadas u homologadas judicialmente.

Entre las penalidades figura la imposibilidad de actuar como proveedor o contratista de organismos públicos y la negativa automática para abrir cuentas, solicitar créditos u operar en el Banco Tierra del Fuego.

La condición de moroso también bloquea la inscripción como postulante a adopción: la Dirección de Minoridad y Familia debe exigir certificado de libre deuda antes de avanzar.

En el plano regional, las provincias patagónicas firmaron en octubre pasado un convenio que permite cruzar datos de morosos e implementar el Certificado de Deudor Alimentario Digital para desalentar el cambio de jurisdicción.

No obstante, la falta de precisión sobre cuándo cada persona ingresó al registro fueguino genera críticas de ONG y abogados de familia, que temen un retroceso en la transparencia del sistema.

Para el secretario de Justicia, Gonzalo Carrillo Herrera, aquel acuerdo interprovincial “reafirma el control” y busca impedir la fuga de deudores, aunque reconoció que aún faltan ajustes técnicos para un seguimiento pleno y en tiempo real.