El Congreso de la Nación asestó un nuevo revés político al oficialismo al rechazar, tanto en Diputados como en el Senado, un paquete de decretos impulsados por el presidente Javier Milei. La decisión quedó formalizada a través de su publicación en el Boletín Oficial, donde se oficializó que las medidas ya no tienen validez legal.

El rechazo parlamentario alcanzó un DNU y cuatro decretos delegados que habían sido dictados por el Poder Ejecutivo y que implicaban reformas de fondo en distintos organismos del Estado. Las resoluciones fueron firmadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Entre las disposiciones que pierden vigencia se encuentra el DNU 340/2025, que declaraba como servicio esencial a la navegación marítima y restringía el derecho a huelga en ese sector.

Además, el Congreso dejó sin efecto:

• La reestructuración de la Administración Pública Nacional (resolución 43/2025).
• La fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
• La transformación del Instituto Nacional del Teatro en una dependencia de la Secretaría de Cultura.
• El decreto 461/2025, que ordenaba el cierre y reestructuración de Vialidad Nacional.
• La disolución y modificación de organismos claves como el INTA, INTI, INV e INPI.
• La supresión de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
• El traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a la órbita de la Jefatura de Gabinete, bajo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

  Con esta resolución, todas las reformas quedan anuladas y sin validez jurídica, marcando un duro golpe a la estrategia del Ejecutivo en medio de semanas atravesadas por tensiones políticas y judiciales.