La industria textil fueguina encendió las alarmas ante posibles paradas de producción y despidos. El abogado Raúl Paderne, representante legal de Sueño Fueguino, sostuvo que las recientes decisiones administrativas y judiciales “están empujando al sector a un escenario límite”, con impacto directo en más de 170 puestos de trabajo de esa firma.

El foco del conflicto es la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que revocó una cautelar que beneficiaba a plantas radicadas en Río Grande. Según Paderne, pese a ese revés, la medida precautoria sigue vigente porque fue apelada mediante recurso extraordinario y recurso in extremis: “No es una sentencia firme. Actuar como si lo fuera provoca daños enormes y pone en jaque a toda la cadena”, subrayó.

En declaraciones a FM Aire Libre, el letrado cuestionó a la Secretaría de Industria de la Nación y apuntó particularmente al subsecretario Ing. Cardini. Afirmó que la empresa percibe un trato persecutorio y que las restricciones aplicadas a la salida de producción y a los beneficios del régimen 19.640 generan un ahogo financiero difícil de sostener.

Un punto especialmente controvertido —indicó— es la recalculación retroactiva de beneficios “con valores históricos de hace más de una década”. “En la Argentina, con la inflación y los costos acumulados, volver a esos parámetros hace inviable la actividad textil en Tierra del Fuego”, remarcó Paderne.

Desde la compañía señalan que la afectación trasciende a una sola planta: implica a todo el sector industrial y a los proveedores y servicios asociados. “El objetivo pareciera ser que las empresas se vayan. Lo que no vamos a poder recuperar, si esto avanza, es el empleo”, advirtió.

Como próximo paso, Sueño Fueguino presentó una nota formal ante la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) para exigir el cumplimiento efectivo de la cautelar y habilitar la salida de camiones con producción, mientras se aguarda la resolución de los recursos.

Paderne sostuvo que, de persistir la situación, la discusión terminará con un pronunciamiento judicial que podría reconocer los perjuicios económicos ocasionados. Sin embargo, insistió en que “ninguna reparación futura compensa la pérdida de puestos de trabajo” ni el deterioro inmediato de la actividad.

En paralelo, las empresas alcanzadas por el régimen Ley 19.640 advierten que cualquier modificación súbita y retroactiva de sus reglas de juego —sin etapas de transición— desarma la planificación productiva en una provincia donde los costos logísticos y energéticos son estructuralmente más altos.

Desde el sector piden previsibilidad regulatoria y una mesa de diálogo que permita sostener la continuidad operativa mientras se dirimen los aspectos legales. “La prioridad es preservar las fuentes laborales en la provincia”, concluyeron.