La posibilidad de instalar una base naval integrada con Estados Unidos en Tierra del Fuego volvió a aparecer en el debate público tras la reciente reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump. Aunque no existe información oficial que confirme este acuerdo, el tema genera inquietud entre autoridades locales y legisladores.

Según Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, “este tema surge desde hace años, cada vez que se producen visitas de autoridades del Comando Sur estadounidense. Oficialmente no hay nada, pero la intención persiste”.

Dachary explicó que cualquier decisión de este tipo “no la puede firmar el presidente solo; debería pasar por el Congreso de la Nación. Con ‘debería’ pongo acento, porque la historia demuestra que algunos acuerdos internacionales se han firmado sin control legislativo, como los de Madrid en 1990 y 1991, que redujeron significativamente la superficie en disputa sobre Malvinas”.

La discusión involucra dimensiones geopolíticas y económicas. Tierra del Fuego es estratégica por su logística antártica y sus recursos naturales. Dachary señaló que “hoy funcionarios de Estados Unidos han hablado de acompañamiento y cooperación histórica, pero detrás de cada negociación siempre están los intereses estadounidenses, no los nuestros”.

El secretario alertó además sobre la posible presión política vinculada al endeudamiento y a las inversiones extranjeras. “Se busca sostener políticamente al presidente, pero el costo puede ser entregar espacios estratégicos o recursos clave de la provincia y del país”, advirtió.

Dachary también cuestionó la intromisión de actores extranjeros en el proceso democrático: “Declaraciones del Secretario del Tesoro de Estados Unidos sobre inversiones condicionadas al resultado electoral representan una interferencia directa en nuestros asuntos internos, algo prohibido por la Convención de Viena sobre diplomáticos”.

Ante esta situación, las autoridades locales recalcan la necesidad de un seguimiento institucional: “Desde el Estado estamos obligados a reaccionar ante cualquier confirmación oficial, pero nuestra mirada no es política: es proteger los intereses nacionales y provinciales. Si esto se confirma, no habrá otro camino que estar en completo desacuerdo”, afirmó Dachary.