El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de Tierra del Fuego, Gabriel Martínez, salió a respaldar la legalidad de los alquileres temporarios para turismo, siempre que funcionen habilitados y con control. “Ushuaia necesita esta oferta para complementar a la hotelería; cuando la demanda explota, no alcanza con las camas disponibles”, sostuvo en Zoom a Diario.

Martínez recordó que durante el PreViaje la ciudad vivió un pico histórico de visitantes y que 4 de cada 10 turistas eligieron departamentos o casas. A su juicio, culpar a los temporarios por las dificultades del sector hotelero simplifica un problema más amplio: “Son modalidades distintas y el turista tiene derecho a elegir”.

El dirigente diferenció dos perfiles de oferentes: quien alquila una única unidad para sumar ingreso y quienes administran varias propiedades con fines comerciales. En ambos casos, dijo, la condición es la misma: habilitación, tributos y cumplimiento. “Es una actividad legítima y una fuente de trabajo; lo que falta es previsibilidad y equilibrio en los costos”, remarcó.

Precisamente, uno de los cuellos de botella está en la regularización. Martínez cuestionó los sobrecargos de servicios, en especial de la DPOSS, por el tratamiento de efluentes. Puso un ejemplo: un departamento de un dormitorio que como vivienda paga alrededor de $37.000 de agua, pasa a $150.000 si se habilita como temporario. “Con esa brecha, muchos desisten de blanquearse”, señaló, y afirmó que no hubo explicaciones técnicas convincentes por parte de las autoridades.

Para el Colegio, la salida es una reglamentación municipal explícita que no convierta al Estado en “socio sin controles”, sino en árbitro. El objetivo: convivencia entre hotelería y temporarios, sin competencia desleal y con paridad tarifaria para los prestadores que cumplen.

El dirigente pidió también corresponsabilidad del turista: verificar que el alojamiento esté habilitado y contratar por canales formales. “Somos responsables ante la ley y sujetos a mala praxis. Nuestro compromiso es que cada operación la haga un profesional matriculado y dentro de las normas”, concluyó.