El camarista penal Andrés Leonelli presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de jury contra la jueza de Instrucción María Cristina Barrionuevo, a quien acusa de arbitrariedad, abuso funcional y violaciones al debido proceso. La presentación fue realizada junto a su abogado defensor, Gustavo Ariznabarreta, ex Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia.

Leonelli, recientemente sobreseído en una causa que calificó de “kafkiana”, fundamentó su pedido en lo que considera un patrón de irregularidades cometidas por la magistrada. “En menos de cuatro meses, la Cámara revirtió cuatro decisiones de la jueza Barrionuevo, todas por irregularidades graves: abusos, demoras o violaciones al derecho de defensa”, señaló. Y agregó: “El problema no es el Poder Judicial, sino ciertos operadores que dañan su esencia. No me causa alegría tener que llegar a esto; lo hago por respeto a la institución y para que no vuelva a suceder”.

Uno de los puntos más graves de la denuncia es un llamado telefónico que Barrionuevo habría realizado al juez del Superior Tribunal, Ernesto Löffler, minutos antes del allanamiento al domicilio del camarista. Esa comunicación, reconocida por la propia jueza, no fue registrada en el expediente. “La noticia del allanamiento empezó a circular cuando la policía recién entraba a mi casa. Eso no pasa nunca. Alguien avisó, y esa filtración dañó no solo mi nombre sino la credibilidad del sistema”, afirmó Leonelli.

El camarista también relató las consecuencias personales del proceso. “Mi esposa y mis hijos vivieron meses de angustia. Mi hijo de cuatro años me preguntaba por qué sus amigos ya no venían a casa. Esas huellas no las borra un fallo judicial”, expresó.

Por su parte, Ariznabarreta sostuvo que “los errores judiciales son posibles, pero cuando se repiten de forma sistemática y bajo un patrón de arbitrariedad, dejan de ser errores para transformarse en abuso de poder”. Y graficó: “El ejercicio de la acción penal es como el bisturí de un cirujano: está hecho para curar, pero mal usado puede matar”.

El escrito presentado ante el Consejo también menciona irregularidades en el procedimiento de secuestro de pruebas y recuerda antecedentes de advertencias previas del Superior Tribunal a Barrionuevo por actuaciones irregulares.

Leonelli aclaró que su presentación “no se trata de una venganza personal, sino de una cuestión institucional”. “Lo que buscamos es que estas prácticas no se repitan. Si esto le pasa a un juez de Cámara, ¿qué le puede pasar a un ciudadano común?”, planteó.

El Consejo de la Magistratura deberá ahora resolver si da curso al proceso de destitución, en lo que sería un hecho sin precedentes en el Poder Judicial fueguino.