Un proyecto de ley ingresó en la Cámara de Diputados con el aval de la mayoría de los bloques parlamentarios, y tiene como objetivo garantizar la atención temprana de los Ataques Cerebrovasculares (ACV) en todo el país.

La iniciativa busca asegurar el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental, estableciendo una red nacional de atención y derivación para casos de ACV, con protocolos unificados entre el sector público y privado.

Entre los principales puntos, se dispone que todo paciente con sospecha de ACV deberá ser atendido en el centro de salud de alta complejidad más cercano, sin importar su cobertura médica. Además, se crea la Red de Unidades de ACV Provincial (RUAP), que coordinará con la Red Nacional (RUAN) para garantizar la atención y derivación oportuna.

El texto también propone la creación de un Registro Nacional de Pacientes con ACV, obligatorio para todos los efectores de salud del país, donde deberán reportarse los casos isquémicos y hemorrágicos, tratados y no tratados. El registro será de carácter público, actualizado de forma anual y con confidencialidad garantizada.

Asimismo, el proyecto prevé la inclusión total del tratamiento en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y establece que el financiamiento se realice con fondos provenientes de las partidas presupuestarias correspondientes a los organismos públicos vinculados a la salud.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, y todos los servicios de emergencia, guardias, y equipos de diagnóstico deberán acreditar capacitaciones anuales en protocolos nacionales de ACV.

La propuesta también declara la adhesión de Argentina al Día Mundial de Lucha contra el Ataque Cerebrovascular, que se conmemora cada 29 de octubre, e impone un plazo de 180 días para la reglamentación del régimen una vez aprobada la ley.

De acuerdo con los fundamentos, en el país el ACV es la tercera causa de mortalidad y la primera de discapacidad en adultos. Los estudios epidemiológicos estiman entre 80.000 y 120.000 nuevos casos anuales, lo que exige la implementación de políticas públicas unificadas y federales para mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y la rehabilitación.