El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, dialogó con Fm La Isla y advirtió que la industria fueguina atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, en un contexto donde el Gobierno nacional concentra la mayoría de las decisiones dentro de la Comisión del Área Aduanera Especial, limitando cualquier instancia de negociación o búsqueda de consensos.

Martínez señaló que este organismo —que históricamente funcionaba con acuerdos entre Nación, Provincia, sector empresario y trabajadores— hoy opera bajo “mayorías automáticas” que impiden revertir decisiones que afectan directamente la actividad productiva y los puestos de trabajo. Mencionó además que parte de esa misma comisión quedó envuelta en el escándalo de ANDIS, lo que generó aún más incertidumbre sobre la próxima reunión prevista para el 11 de diciembre.

“Estamos ante un escenario complejo, sin claridad política y con decisiones unilaterales que ponen en riesgo la industria metalmecánica y textil”, expresó.

Respecto al presente de las fábricas, Martínez detalló que continúa vigente el acuerdo paritario logrado tras las jornadas de lucha de mayo, pero advirtió que sostener los puestos de trabajo se vuelve cada vez más difícil debido a las políticas nacionales y a la pérdida del poder adquisitivo.

Las empresas, según describió, comenzaron a manifestar preocupación por la continuidad de la producción en los próximos años. Sin embargo, el dirigente remarcó que no tuvieron un rol activo en frenar los avances que afectan al régimen industrial, como sí lo hicieron los trabajadores y la Provincia.

El gremio mantiene negociaciones permanentes tanto por condiciones laborales como por salarios, en un marco donde los incrementos son presionados para ubicarse por debajo de la inflación. “La pérdida del salario real fue total desde la devaluación inicial del gobierno y los aumentos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Los trabajadores no llegan a fin de mes”, planteó.

Martínez alertó por la implementación de los nuevos procesos productivos, especialmente en el sector de celulares, donde las modificaciones podrían reducir significativamente la cantidad de tareas realizadas en planta y afectar puestos de línea. Aunque la discusión continúa en cada establecimiento, el gremio reconoce grandes limitaciones para negociar debido al nuevo esquema político y económico.

El acuerdo alcanzado en mayo rige hasta diciembre, con una prórroga hasta finales de marzo. Después de esa fecha no existen garantías de continuidad ni de estabilidad laboral. La combinación de atraso salarial, incumplimientos empresarios y caída del consumo —producto del derrumbe del ingreso de los propios trabajadores— podría generar un escenario más tenso de cara al verano.

La apertura de importaciones y la acumulación de stock también presionan sobre la producción local y generan nuevas discusiones dentro de las fábricas.

“Lo advertimos antes de las elecciones: las condiciones para sostener la industria están deteriorándose. Hoy lo vemos en la vida cotidiana de cada familia trabajadora”, finalizó Martínez.