La construcción en Tierra del Fuego atraviesa una etapa de fuerte incertidumbre y de esfuerzo al límite para sostener la actividad y el empleo. Así lo describió Marcelo Noval, en diálogo con el programa radial ‘Buscando el Equilibrio’ de Radio Provincia, al advertir que no se esperan nuevos llamados licitatorios por parte del gobierno nacional al menos durante los próximos dos años, lo que golpea de lleno al sector.

Uno de los puntos más sensibles es la situación de las 414 viviendas que el IPV mantiene en ejecución entre Ushuaia y Río Grande. Según explicó, los trabajos continúan, pero con un avance muy lento y financiados casi exclusivamente con recursos del FONAVI que administra el propio organismo provincial, fondos que no alcanzan para sostener el ritmo originalmente previsto.

En este contexto, Noval adelantó que no se proyectan nuevas licitaciones de viviendas en el corto plazo: “viviendas nuevas no va a haber, por lo menos en el período que viene”, advirtió, señalando que el escenario nacional no muestra señales de reactivación. El objetivo acordado con el IPV es evitar que las obras se paralicen completamente, por lo que se decidió continuar “a media máquina” para preservar las estructuras ya levantadas.

Si ese esquema se mantiene, se proyecta llegar hacia fines de 2026 con un avance global del 80% o 85%. Sin embargo, las demoras son enormes: obras pensadas para 15 meses terminarán extendiéndose casi cinco años, ya que comenzaron en 2022 y podrían recién concluir en 2027, un plazo difícil de justificar cuando se trata de viviendas muy demandadas por la comunidad.

La realidad diaria en los corralones y obradores también se ve atravesada por la reconversión de empresas. Noval detalló que hoy la Cámara nuclea a 21 firmas asociadas y que, aunque hay otras trabajando en el ámbito privado, muchas están en una situación crítica. Para no despedir personal, varias optaron por desarrollar proyectos propios, volcándose a la autoinversión y a emprendimientos inmobiliarios destinados a la venta directa. Otras, en cambio, frenaron casi por completo su producción y derivaron esfuerzos hacia rubros comerciales vinculados a los mismos dueños.

Pese a todo, el común denominador es el intento de sostener las plantillas. Aun así, muchos trabajadores –sobre todo quienes llegaron desde otras provincias– están regresando a sus lugares de origen ante la falta de nuevas oportunidades laborales. “Tierra del Fuego siempre fue una provincia con mucha obra pública, y hoy el panorama es totalmente distinto”, lamentó Noval, al señalar que este cambio también preocupa al gremio de la construcción.

En cuanto al arranque de la temporada, el dirigente describió un escenario prácticamente calcado al de los últimos meses: sin obra pública activa y con la construcción privada como único sostén. En Ushuaia, el movimiento se mantiene gracias a que el municipio continúa otorgando permisos, aunque lejos de la intensidad que se veía uno o dos años atrás. De todos modos, insistió en que la inversión privada “no puede absorber lo que no hace la obra pública”.

En Río Grande el cuadro es aún más frío: el ritmo de obras privadas es menor y la rueda económica gira con más dificultad. A esta situación se suma, en Ushuaia, la entrega de lotes sin servicios básicos, lo que condiciona la planificación urbana y empuja a muchos vecinos a levantar sus casas igual, a pesar de que los terrenos no están en condiciones adecuadas. “La necesidad de vivienda lleva a la gente a construir como sea, pero no es lo que corresponde”, advirtió.

Consultado sobre la deuda de obras que originalmente contaban con financiamiento nacional, Noval recordó que en 2022 ya se había hecho una renegociación para actualizar valores, luego de que la inflación desbordara los presupuestos iniciales. Hoy los números de contrato están revisados, pero falta lo esencial: el flujo de fondos. “El problema ya no es el precio de la obra, sino que no hay inversión suficiente para acelerar los trabajos y plazos que eran de un año y medio terminan yéndose a cuatro o cinco años”, explicó.

Respecto de las obras nacionales de mayor envergadura, señaló que los centros de formación profesional para Ushuaia, Río Grande y Tolhuin lograron reactivarse en términos administrativos: las empresas completaron la documentación, montaron instalaciones y están listas para empezar. No obstante, el anticipo financiero aún no fue liberado, lo que impide el inicio efectivo de las tareas. Noval remarcó que esa transferencia debe concretarse cuanto antes, porque a partir del otoño la actividad se vuelve más compleja y los avances se frenan.

En el caso de los proyectos más grandes, como los hospitales de Ushuaia y Río Grande o la refacción de la Caja de Previsión, afirmó que la documentación está muy avanzada y que los fondos se encuentran comprometidos. Incluso detalló que, para la Caja, el monto ronda los 6.200 millones de pesos y no estaría en riesgo, aunque la ejecución también depende de la dinámica de envíos desde Nación.

En paralelo, la Cámara mantiene un diálogo permanente con la UOCRA, encabezada por Julio Ramírez, ante el temor compartido de perder mano de obra calificada. Muchos trabajadores llegan, recorren las obras privadas, comprueban que los planteles ya están completos y terminan yéndose, lo que debilita el capital humano que la provincia demoró años en formar.

Frente a este cuadro, una de las alternativas en análisis es reactivar esquemas de financiamiento mixto, público-privado, similares a los que se utilizaron en años anteriores en Río Grande y Tolhuin. Según adelantó Noval, el IPV dialoga con empresas y bancos para explorar modelos que incluyan la entrega de viviendas en obra a familias con capacidad de pago en cuotas. De ese modo, los ingresos podrían destinarse a terminar los conjuntos habitacionales y sostener parte de la actividad.

“El IPV tiene experiencia y herramientas legales para ajustar las cuotas y adaptarlas a la realidad económica; lo que falta es financiamiento”, resumió. En un escenario sin obra pública nacional, con viviendas demoradas y empresas que se reinventan para no bajar las persianas, el sector de la construcción en Tierra del Fuego intenta, al menos, no perder del todo el andamiaje que costó décadas levantar.