El abogado Francisco Giménez volvió a advertir sobre la crítica situación que atraviesan los jubilados y retirados de la Caja de la Policía, un organismo que mantiene cinco meses de haberes adeudados, además del aguinaldo, afectando a unas 540 familias en toda la provincia. Según describió, se trata de un problema “crónico y estructural” que viene profundizándose desde hace meses.

La reciente decisión de avanzar con la subasta de un terreno perteneciente al organismo generó preocupación entre los beneficiarios. Para Giménez, el remate “puede servir para pagar una parte”, pero no representa una salida real. “Es un parche. Vender patrimonio para cubrir un mes de deuda es como vender las joyas de la abuela: sirve hoy, pero mañana volvemos al mismo punto”, cuestionó.

El abogado también apuntó contra el funcionamiento interno de la institución. Explicó que, mediante una resolución del directorio de la Caja de Retiros de la Policía de Tierra del Fuego, se estableció un orden de prioridades que termina dejando a los jubilados en el último lugar. “Primero se pagan los sueldos de los empleados de la Caja y del directorio; después, si queda algo, se paga a los retirados provinciales. Y lo último que se cubre, cuando se puede, es a los policías territoriales. Esto se reinicia todos los meses, por eso nunca alcanza”, explicó.

Giménez representa a un grupo de policías retirados que ya inició acciones judiciales y consiguió fallos favorables. Sin embargo, denunció que el organismo apela sistemáticamente todas las sentencias, lo que retrasa aún más los pagos. “Es un círculo perverso: apelan, estiran los plazos y mientras tanto la gente no cobra. Muchos beneficiarios están enfermos, otros viven fuera de la provincia y dependen absolutamente de estos ingresos”, señaló.

El abogado también mencionó el silencio político en torno al conflicto. A su criterio, ni el Gobierno ni la Legislatura han asumido el problema con la urgencia que requiere. “Estamos hablando de personas que no pueden protestar libremente por su condición policial. Dependen de sus familias para visibilizar la situación. Es un sector al que, en los hechos, se le impide reclamar”, sostuvo.

Mientras se espera el resultado de la subasta, la incertidumbre sigue creciendo. Para Giménez, el remate apenas aliviará una parte mínima del atraso, pero no resolverá el déficit estructural que arrastra la Caja. “Lo que hace falta es una decisión de fondo. Poner en venta el patrimonio es la prueba de que el sistema está colapsado”, concluyó.