Ante la persistencia de demoras en el pago de haberes, familiares de jubilados, retirados y pensionados de la Policía del ex Territorio elevaron una nota formal al gobernador Gustavo Melella para solicitar la intervención de la Caja de Jubilaciones y Compensaciones que actualmente conduce el comisario Héctor Bordón.

El reclamo apunta al incumplimiento reiterado de las obligaciones legales del organismo. En ese sentido, los firmantes invocaron la Ley 1155 modificatoria de la Ley 834, cuyo artículo 6 prevé la posibilidad de intervención por parte del Poder Ejecutivo, mediante ley, cuando las autoridades se apartan de los deberes que fija la normativa vigente.

En el escrito, las familias cuestionan con dureza la gestión actual y sostienen que sus responsables no han actuado conforme a derecho. Según señalan, se intentó imponer una resolución interna por encima de la ley, desconociendo el derecho de los policías territoriales a integrar la Caja en igualdad de condiciones con el resto del personal.

El planteo también expone situaciones de maltrato institucional. Las mujeres firmantes madres, viudas y pensionadas denunciaron destratos y humillaciones sufridas en los últimos seis meses, e incluso afirmaron que desde la Jefatura se les impidió el ingreso a dependencias del organismo cuando solo buscaban obtener respuestas sobre su situación previsional.

Además, remarcaron que existen fallos judiciales firmes que no estarían siendo acatados. Según expresaron, las autoridades no solo desconocen resoluciones judiciales, sino que también presentan apelaciones con argumentos que consideran falsos, negando derechos adquiridos tras décadas de aportes. “Hemos contribuido durante 30 o 35 años de manera ininterrumpida”, manifestaron, y calificaron la situación actual como abiertamente ilegal.

En la nota también se cuestiona el trato dispensado a quienes integraron la Policía Territorial, a quienes describen como relegados y desatendidos, pese a haber sido parte fundamental en la construcción de la fuerza de seguridad provincial.

Cabe recordar que el funcionamiento de la Caja ya fue motivo de debate en la Legislatura provincial. Sin embargo, en al menos dos oportunidades, las autoridades del organismo no asistieron a las convocatorias realizadas por la Comisión de Seguridad, lo que profundizó el malestar y la preocupación de los afectados.