En los últimos años, la Justicia endureció las medidas contra quienes no cumplen con la cuota alimentaria: restricciones para ingresar a espectáculos o canchas, trabas para renovar el registro y hasta bloqueos en billeteras virtuales o redes sociales, entre otras sanciones. El objetivo es asegurar un derecho básico de niñas, niños y adolescentes.

Pero muchas veces el problema no termina ahí. Si el deudor no tiene trabajo registrado o es difícil ejecutar el cobro, el expediente puede ampliarse hacia el entorno familiar. Primero suele apuntarse a los abuelos y, en casos puntuales, también puede quedar involucrado el progenitor afín: la pareja del padre o madre que convive con el menor y participa del hogar (no es lo mismo que una pareja que no vive con el niño).

Especialistas explican que el deber del progenitor afín es subsidiario durante la convivencia: si el progenitor biológico incumple, puede ser citado a responder. En situaciones excepcionales, incluso tras una separación, un juez puede fijar un aporte transitorio para evitar un perjuicio grave, por ejemplo cuando esa persona sostenía gastos clave como obra social o colegio.

Hay fallos recientes que reflejan este criterio: en Río Negro (diciembre de 2025) se ordenó que un abuelo paterno pague la cuota (20% de su jubilación) ante años de incumplimiento; y en Córdoba un tribunal dispuso que la esposa conviviente de un padre incumplidor cubra la cuota de la hija adolescente.

El monto se fija según las necesidades del chico y la capacidad económica de quien es citado. La obligación puede correr desde el inicio del reclamo judicial y sostenerse, con sentencia, hasta los 21 años (o 25 si estudia). Para desligarse, el camino es que el progenitor obligado vuelva a pagar y se regularice la situación en la causa.