La crisis que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) sumó en las últimas horas un nuevo y grave episodio: el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires habría suspendido la atención a sus afiliados por falta de pago. La situación genera una fuerte preocupación, especialmente entre pacientes fueguinos que reciben allí tratamientos de alta complejidad, incluidos abordajes oncológicos.

Según relataron pacientes y familiares a través de redes sociales, la interrupción de prestaciones comenzó a regir desde el viernes 16 de enero de 2026. El impacto es especialmente sensible porque el Sanatorio Güemes es uno de los centros de referencia a nivel nacional y desde hace años recibe derivaciones de Tierra del Fuego ante la ausencia de infraestructura local para determinadas patologías.

La información que circula indica que la medida no alcanzaría a quienes ya se encuentran internados, a pacientes con tratamientos oncológicos en curso ni a derivaciones previamente autorizadas. Sin embargo, el corte afecta a nuevos turnos, consultas, estudios y a la continuidad de distintos tratamientos, dejando a numerosos afiliados en una situación de extrema incertidumbre sanitaria.

La posibilidad de que se vean interrumpidos o demorados tratamientos oncológicos encendió las mayores alarmas. En estos casos, la continuidad terapéutica no es una variable secundaria, sino un factor determinante en la evolución de enfermedades graves. Familiares y pacientes expresaron públicamente su angustia, con mensajes atravesados por la bronca y el miedo, y referencias directas a una sensación de “abandono” frente a la falta de respuestas.

Mientras tanto, desde OSEF no hubo hasta el momento un comunicado oficial que explique con claridad qué ocurre con el Sanatorio Güemes ni cómo se garantizará la atención de los afiliados derivados a Buenos Aires. La respuesta institucional se limitó a la publicación de seis números telefónicos en redes sociales como única vía de contacto, al mismo tiempo que se restringió la posibilidad de realizar comentarios o reclamos públicos en esos espacios, una decisión que profundizó el malestar.

La ausencia de información precisa y la reducción de los canales de expresión dejan a pacientes y familiares sin certezas en un contexto donde las decisiones médicas no admiten demoras. La situación expone no solo el deterioro financiero y operativo de la obra social, sino también el impacto directo de esa crisis en personas que dependen de tratamientos complejos para sostener su salud y su vida.

Con el silencio oficial como telón de fondo, la preocupación sigue creciendo entre los afiliados fueguinos que hoy se atienden —o intentan hacerlo— fuera de la provincia, mientras la pregunta permanece abierta: quién garantiza el derecho a la salud cuando la obra social no da respuestas.